El mayor “feedlot” bovino de Ancasti puede quedar como un caso ejemplar de mala praxis productiva y ambiental en Catamarca. Por un lado, solo cuenta con una habilitación municipal para desarrollar la actividad, pero hizo perforaciones de agua y diques de cola sin autorizaciones ni controles. Por el otro, viola todos los principios ambientales en lo que respecta al tratamiento de los desechos de más de 1.400 animales, los cuales van a parar a un arroyo que usan familias radicadas a poca distancia. Así, las autoridades provinciales han permitido, con su inacción, que el lugar se transforme en un enorme foco infeccioso y contaminante.
Un feedlot no es más que un corral donde el ganado se cría en forma intensiva, con alimentación abundante y para fines productivos. Por lo tanto, el lugar genera cantidades enormes de excremento, lo que requiere un tratamiento sistemático para evitar la contaminación del suelo, las napas freáticas y los cursos superficiales de agua, ya que la materia orgánica posee altos niveles de nitrógeno y fósforo. Además, produce una fuerte emanación de gases, lo que vuelve nauseabundo el aire.
No es una afirmación antojadiza. La investigadora Claudia Sainato, de la Facultad de Agronomía de la UBA, define a los feedlots como “fuentes puntuales de contaminación, es decir, son focos donde se genera una cantidad inmensa de materia orgánica que puede originar la contaminación”. Su trabajo fue realizado en campos de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en corrales de dos años de antigüedad.
En el caso de Catamarca, el feedlot que hoy está bajo la lupa lleva 10 años funcionando en el paraje El Totoral, a 7 kilómetros de Anquincila, Ancasti, sobre la ruta provincial 15. Pertenece al empresario santiagueño René Antonio Tauil, quien además es dueño de un supermercado en la Capital de Catamarca.
El corral está ubicado en una zona elevada, por lo que cada vez que llueve en forma intensa se produce un deslave de los desechos hacia el arroyo El Totoral y propiedades linderas. Y si bien se trata de una locación alejada de la mayor concentración poblacional del departamento, desde hace varios años en las inmediaciones hay 6 viviendas cuyos moradores consumían agua del arroyo. Obviamente, ya no pueden hacerlo.
Los problemas de contaminación del emprendimiento se agravaron en los últimos 5 años, con el aumento de la cantidad de animales, lo que implicó un mayor uso de agua mediante perforaciones y extracción directa de otros ríos. Además del ganado, el agua se destina a una plantación de nogales, también propiedad de Tauil, ubicada al lado del corral.
Los vecinos presentaron una nota de reclamo a la Municipalidad de Ancasti en diciembre de 2018, pero el ingreso formal con sello fue recién en julio de 2019. Estaba claro que no se trataba de una prioridad para la comuna, responsable de la habilitación comercial del feedlot.
Peor aún, la única respuesta que tuvieron del municipio fue en 2021. Les informó que el emprendimiento estaba “registrado en el SENASA”, y que este realizaba “inspecciones trimestrales”. Omitió aclararles que el organismo solo controla el estado sanitario de los animales, no los efectos ambientales del feedlot ni la salud de las personas.
La vía judicial
La situación de los vecinos de El Totoral se tornó más grave luego de la fuerte precipitación del 3 de marzo pasado. El agua arrastró enorme cantidad de heces y estiércol por las laderas del corral a los cauces hídricos de las inmediaciones de donde se abastecen las familias mediante extracción por bomba, ya que no hay agua de red. El arroyo principal quedó convertido, literalmente, en un río de bosta.
Frente a esto, los habitantes del lugar presentaron en agosto pasado una acción de amparo contra la “omisión de la Municipalidad de Ancasti y la Secretaría de Ambiente de la Provincia” en relación con la “actividad contaminante” provocada por el establecimiento ganadero de Tauil, cuyo domicilio real es la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Es, lógicamente, porque ni el municipio ni la Provincia se interesaron por este serio daño ambiental.
El que sí se interesó fue el juez de Paz de Ancasti, Raúl Alexander Tula, quien en mayo recibió el testimonio de uno de los vecinos de El Totoral y luego se trasladó al lugar para constatar la veracidad del hecho denunciado.
“Se observa que efectivamente la explotación ganadera, perteneciente al emprendimiento René Tauil, se encuentra en adyacencias a la población y que los afluentes de agua que derivan desde ese lugar desembocan en el cauce del pequeño arroyo que cruza transversalmente la población. Se observa también que los pozos se encuentran con aguas servidas que emanan desde la propiedad del señor Tauil, contaminando el cauce del arroyo en toda su extensión con los materiales, residuos y desechos que se desprenden de los corrales del engorde, provocando además que se desprenda un olor muy fuerte y nocivo para la salud de la población y el medio ambiente”, describe el acta del juez Tula, que además completó con fotos del lugar.
La acción de amparo, que firma la abogada Carolina Juárez Aliaga como patrocinante, pide que se ordene “la suspensión y paralización de la actividad, o en su defecto la ejecución de las medidas necesarias para evitar los efectos contaminantes de la explotación y ordenar el traslado o la suspensión del emplazamiento ganadero”.
Entre los principales puntos, la presentación destaca lo siguiente:
- “El objeto de la presente acción es dejar establecido y patentizado que la explotación afecta sensiblemente el medio ambiente, la salud de la población y fundamentalmente contamina las aguas, el suelo y aire, ya que la existencia cercana del ganado a las casas provoca no solo la contaminación por emanación de gases, sino la presencia de alimañas, chinches, vinchucas, etc.”.
- Además, el propietario ha realizado por lo menos ocho (8) perforaciones de extracción de agua para abrevar al ganado que se cría en el lugar, provocando una mengua significativa en el curso de los arroyos y vertientes, privándonos a los vecinos del elemento esencial”.
- La acción se dirige “a la omisión de las autoridades competentes, representadas por la Secretaría de Ambiente, de realizar las acciones conducentes al control de contaminación, intoxicación y uso abusivo del agua que perturban el ambiente frente a la expresa denuncia realizada y a la indiferencia del organismo”.
La presentación anexa como documento de prueba un informe socio ambiental realizado en mayo de este año en El Totoral por la antropóloga Luciana Fernández y el técnico ambiental Pedro Cayuqueo. El trabajo es detallado y señala que la falta de legislación específica, nacional y provincial, sobre la cría intensiva de ganado lleva a que las auditorías o controles “sean nulos o al menos insuficientes”.
Sin embargo, cita como buen ejemplo la ley 4997 de Río Negro, que establece condiciones mínimas para la construcción de corrales, las características del terreno (impermeabilidad del suelo) para evitar filtraciones y contaminación de aguas subterráneas y las distancias a considerar respecto a cursos o espejos de agua superficial.
La noticia de la acción amparo y de la medida cautelar solicitadas por los vecinos fue publicada por INFORAMA el 29 de agosto pasado. La Corte de Justicia de la Provincia tuvo dos meses la presentación en su poder para decidir si se declaraba o no competente. Finalmente, a mediados de octubre dispuso bajarla a un juzgado de primera instancia tras un sorteo. Quedó a cargo de la jueza civil María Gabriela Ruiz.
En menos de dos semanas, la jueza Ruiz determinó que la cuestión no solo es un amparo ambiental sino que también abarca “acciones colectivas con intereses difusos”, es decir, persigue la reparación de un daño causado a la comunidad en general. Y en consecuencia abrió la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda adherir a la causa con su firma. O sea, ahora no es solo el interés de 6 vecinos, como dicen en los círculos políticos de Ancasti para minimizar el reclamo.
Reacción burocrática
Al margen de los sucesivos pedidos de los vecinos al municipio de Ancasti, también hubo presentaciones formales en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, al mando de Eduardo Niéderle.
Por caso, el primer reclamo por la contaminación y uso indiscriminado del agua en el feedlot de Tauil ingresó a la Secretaría del Agua y Recursos Hídricos, donde “durmió” entre mayo y octubre.
Como sucede en estos casos, dada la repercusión que tuvo el hecho, más luego del video “in situ” que grabó el diputado provincial Hugo “Grillo” Ávila, con el fondo de vacas muertas en el suelo y cuervos sobrevolando, el expediente partió raudamente a la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Martín Castelli.
Según se supo, a mediados de la semana Castelli encabezó inspecciones en el feedlot y habría sanciones administrativas a punto de ser notificadas a Tauil.
Sin embargo, paralelamente, un agente de la Dirección de Recursos Hídricos fue al lugar con la denuncia en la mano y elaboró un pequeño diagnóstico en el que indica: “La actividad se encuentra sujeta a control por parte de varios organismos bajo la jurisdicción del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (MAEyMA), incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos”. En otras palabras, hay tareas por hacer en el área.
Aparte, el feedlot de Tauil está en la mira de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), donde empezaron a revisar las declaraciones juradas presentadas por la empresa en Recreo y analizan hacer una visita a la brevedad.
Mientras tanto, el municipio de Ancasti insiste en ver solo el lado bueno del emprendimiento. El intendente Rodolfo Santillán (UCR) asegura que “sería una pérdida” para el departamento si Tauil decide relocalizar el feedlot. “Están pensando en irse”, dijo.
Lo que tanto Santillán como el senador Ariel Cordero destacan como “gran servicio a la comunidad” es que Tauil compra los animales a los productores de Ancasti, y además lleva mercadería de su supermercado a domicilio. Solo les faltó decir que esos “servicios” bien valen una contaminación desenfrenada en el paraje El Totoral.
La última inspección realizada esta semana por el juez de Paz en el establecimiento bovino constató lo siguiente:
- Hay 1.430 vacunos en corral.
- 5 perforaciones de agua y 2 de ellas agotadas. Además, continúa el bombeo en el arroyo y el río Anquincila.
- Existen 5 diques de cola construidos en tierra y sin impermeabilizar. Todos están saturados.
- Por día se utilizan 800.000 litros de agua para los animales.
- Hay 2 kilómetros de cauce del arroyo y vertientes totalmente contaminadas.
¿Cómo es posible que un establecimiento de estas dimensiones haya pasado desapercibido para las autoridades provinciales? ¿Cómo se justifica que no exista un control ambiental regular en actividades productivas que son contaminantes por definición?
Es cierto que no existe legislación específica en Catamarca sobre la cría intensiva de vacunos, lo que representa un severo de atención para legisladores provinciales y organismos técnicos de ganadería, recursos hídricos y medio ambiente.
Pero la carencia de normas no excusa la flagrante falta de sentido común y sensibilidad de las autoridades.
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