El frenético trámite parlamentario que tuvo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al igual que las gestiones políticas entre Catamarca, el NOA y la Nación para acelerar su aprobación, contrastan con la situación actual del sector minero, que sería el único beneficiario de la ley en la provincia. La litífera más grande cambió los planes para su planta en la Puna, mientras que el gigante del cobre aún no tiene fecha para la puesta en marcha del proyecto Agua Rica. Una vez más, la realidad demuestra que los tiempos de la política son muy diferentes a los de la minería.
El RIGI y la restitución del Impuesto a las Ganancias fueron las principales medidas presentadas como atractivas para las provincias en el marco del paquete económico de leyes enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso, a principios de año. A partir de allí se abrió una ronda de negociaciones con los gobernadores que concluyó con la aprobación. Pero en el medio pasó de todo.
La primera controversia se dio en la cumbre del oficialismo provincial, Mientras el gobernador Raúl Jalil sostenía que el apoyo al RIGI había sido acordado con las provincias mineras y que, a su criterio, el crecimiento del país “vendría por la inversión”, la senadora nacional y presidenta del PJ catamarqueño, Lucía Corpacci, afirmaba que le parecía “un espanto todo en la Ley Bases”. Y sobre el régimen de incentivo en particular opinó que la provincia perdería poder de decisión en política minera.
A la hora de votar en la Cámara alta nacional, Corpacci mantuvo su posición y lo hizo en contra. El senador Guillermo Andrada, en cambio, votó a favor. Fue en respuesta al compromiso asumido por Jalil con el Gobierno nacional.
En la Cámara de Diputados, el apoyo del oficialismo catamarqueño fue mayor. A favor se pronunciaron Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez. Por su parte, el tinogasteño Sebastián Nóblega se abstuvo.
El 23 de julio pasado, es decir al mes siguiente de la instancia legislativa nacional, el gobernador Jalil envió el proyecto de ley de adhesión al RIGI a la Cámara baja provincial. En el texto pedía el “acompañamiento” del cuerpo por cuanto el régimen es “de importancia fundamental para el desarrollo socioeconómico de la provincia”, expresó.
En el caso de la minería, con el RIGI “se beneficia el sector público y se potencia y fortalece al sector privado a través de la creación de puestos de trabajo asalariados y el de los servicios de apoyo directos a la minería y el empleo minero en empresas cuya actividad principal no es la minería, pero sí poseen eslabones mineros en el proceso productivo, como las empresas de construcción y de proveedores mineros, con preeminencia de mano de obra catamarqueña”, destaca el documento del Ejecutivo provincial.
No obstante, la misma división que se dio en el Congreso nacional se trasladó al peronismo local en Diputados. El miércoles 4 de este mes, la adhesión al régimen de incentivo se aprobó con amplia mayoría, pero con las disidencias de los oficialistas “librepensadores”: los corpaccistas Armando López Rodríguez y Adriana Díaz y el camporista Pablo Castro. Por la oposición, el único voto en contra fue el de Hugo Ávila, del Frente Amplio Catamarqueño.
Para el jueves próximo está previsto que el Senado complete la sanción. Debía hacerlo la semana pasada, pero el oficialismo decidió esperar un poco más. Allí las cosas son diferentes: por un lado, los representantes de los departamentos mineros tienen serias reservas sobre los beneficios del RIGI; por el otro, no ven cuál es el apuro del Gobierno si no hay inversiones concretas en el horizonte cercano. Un razonamiento bastante lógico.
Principales puntos
Entre los puntos que el decreto reglamentario del RIGI destaca como “beneficios más importantes”, subraya que habrá una reducción del impuesto a las Ganancias al 25%, se implementará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura y los saldos de IVA se devolverán en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto al cheque crédito en Ganancias.
Asimismo, las empresas gozarán de exenciones en el pago de derechos de importación y durante los primeros tres años no se pagarán derechos de exportación.
El régimen también establece facilidades para la liquidación de divisas que ingresen por exportaciones que serán de 20% luego de dos años de iniciada la inversión, 40% después de tres años y 100% luego del cuarto año.
Una de las modificaciones introducidas en el Congreso nacional fue que el régimen incluya un “plan de desarrollo de los proveedores locales”: cada proyecto tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, "siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".
El RIGI solamente alcanzará a proyectos que demanden un mínimo de US$ 200 millones como inversión e impactará en ocho sectores de la actividad económica: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas.
Uno no y otro en veremos
A mediados de agosto, los gobernadores que integran la Mesa del Litio, Gustavo Saénz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Jalil se reunieron en Buenos Aires con el fin de hacer un guiño político al Gobierno nacional con la adhesión de cada provincia al RIGI.
“Es una herramienta que ayudará a la concreción de inversiones y que tendrá un efecto en la generación de empleo local. Además, funcionará como un impulso a proveedores locales, provocará una sensible mejora de infraestructura, aporte de divisas y el desarrollo de nuestras poblaciones y sus comunidades”, coincidieron.
Los mandatarios afirmaron que la adhesión al régimen implicaría una inversión total de 19.000 millones de dólares para las provincias, mientras que particularmente para Catamarca se esperan unos 7.000 millones de dólares, según se informó oficialmente.
Pero en los últimos días hubo una mala noticia: Arcadium Lithium canceló dos créditos internacionales por un total de US$180 millones que había obtenido de organismos multilaterales para invertir en el desarrollo del proyecto Sal de Vida, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra.
Sal de Vida es un proyecto que desarrolló en mayor medida la empresa Galaxy, que luego fue absorbida por la australiana Allkem. A principios de este año, Allkem se fusionó con la estadounidense Livent y formaron Arcadium.
El año pasado, el BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le había aprobado un préstamo de US$ 50 millones, mientras que la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial, le había aprobado desembolsos por US$ 130 millones.
Sin embargo, fuentes de la empresa indicaron, según publicó La Nación, que hoy “no tiene sentido continuar con los costos de los créditos que eran altísimos”, ya que los préstamos habían sido aprobados para Allkem el año pasado. Y sostuvieron que, dada la abrupta caída del precio internacional del litio, tampoco es necesario acelerar los proyectos de inversión.
El derrumbe del precio del litio es clave en el negocio: de US$ 80.000 que valía la tonelada cayó a US$ 12.000 en apenas un año. El Gobierno de EE.UU. culpa de esto a las empresas chinas, que en su mayoría son de capitales estatales y que, según entiende, buscan sacar competidores del mercado.
Pero en realidad, el problema no sería tanto el alto costo de los créditos, sino el cambio de estrategia productiva: en lugar de construir la planta de procesamiento en Sal de Vida, que es para lo cual Allkem buscaba financiamiento, ahora se llevaría la salmuera concretada de litio a la planta de Fénix, donde se finalizaría el proceso de elaboración de carbonato y cloruro de litio. Un ahorro de costos más que significativo.
En otras palabras, si algún proyecto de inversión de litio podría haber debutado con el RIGI en Catamarca era justamente la planta de Sal de Vida, para lo cual iban a ser esos 180 millones de dólares -es decir, 20 millones menos de lo exigido para ingresar al régimen de incentivo-. Por lo visto, habrá que esperar otro proyecto.
Y en realidad, la única inversión que podría beneficiarse con el régimen es la que tiene en planes la multinacional Glencore con MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), por cuanto la puesta en marcha de la explotación de Agua Rica (cobre, molibdeno, oro y plata) supone una inversión cercana a los US$ 3.000 millones. Para ello, sin embargo, antes debe sortear una larga serie de instancias administrativas, técnicas y comunitarias. Pueden transcurrir varios años aún.
Por lo tanto, los “7.000 millones de dólares” que la Mesa del Litio espera para Catamarca están cada vez más lejos. Es solo un número imaginario.
La adhesión provincial al RIGI quedará entonces, por ahora, apenas como un buen gesto político a la administración de Javier Milei de parte de un gobierno de signo opositor.