La legislación, aprobada el 18 de diciembre de 2014, fue recibida con grandes expectativas, ya que prometía la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, a través de la implementación de programas asistenciales, la garantía de acceso a derechos para las mujeres y la creación de refugios para víctimas, entre otros.
La ley también establecía la creación de juzgados, defensorías y fiscalías especializadas en violencia familiar y de género, así como la conformación de equipos multidisciplinarios necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, casi una década después de su promulgación, firmado por la gobernadora Lucía Corpacci en abril de 2015, la realidad es que estos objetivos aún no tienen cumplimiento real y efectivo.
La demanda de un fuero especializado en violencia de género fue una de las principales exigencias del movimiento feminista y de las organizaciones que trabajan con esta problemática. Estos colectivos, desde su nacimiento en Argentina, ponen de manifiesto de manera constante la necesidad de políticas públicas que intervengan de manera eficaz en la problemática sin discriminar por edad ni contexto socioeconómico.
Años después, en 2019, Cecilia Guerrero, cuando cumplía rol de diputada provincial emitió un proyecto de declaración expresando “la más profunda preocupación” por la falta de implementación del Fuero de Violencia de Género cuya ley la estaba promulgada. Hay más: en 2023, el conjunto de diputadas del oficialismo (Frente de Todos, por ese momento), presentó otro proyecto que promovía modificaciones a la sancionada ley 5.434. La iniciativa tenía como fin adecuarla a la Ley Nacional 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres”, así como actualizarla respecto de los tipos de violencia que sufren las mujeres (sí, a lo largo del tiempo son más los tipos de agresiones que tienen a la mujer como principal afectada). El texto finalmente no prosperó legislativamente.
Realidad
Hay tres Juzgados de Familia que atienden los casos de violencia por cuestiones de género en toda la provincia. Además de este tipo de delitos, se atienden otras cuestiones vinculares como alimentos y mediaciones, entre otros. No es difícil imaginar cuál es la calidad de respuesta que brinda la Justicia si en la actualidad se tramitan entre 300 y 400 causas mensuales en cada juzgado, con una cantidad acotada de personal en cada uno. Personal abarrotado y con una alta demanda de soluciones a problemas donde el tiempo de respuesta es crucial para evitar lamentos mayores.
En búsqueda del cumplimiento de la normativa, el Poder Judicial incorporó en los últimos años en el presupuesto los montos para la puesta en funcionamiento del Fuero Especializado en Violencia de Género, pero el asunto no pasa el filtro del Poder Ejecutivo y Legislativo local.
“No nos sentamos a discutir seriamente cuál es la Justicia que queremos; y si le vamos a dar las herramientas o no para que funcione”, declaró a principios de este año la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales, cuando, en medio de la disputa con el Gobierno por dinero, echó en cara la imposibilidad de comenzar a poner efectivamente en funciones el espacio judicial en cuestión.
"Es una obligación legal y constitucional que tenemos desde el Estado y desde el Poder Judicial, pero corresponde a los tres poderes", expresó a la prensa local la jueza de Familia N°1, Érica Saccher Maione, cuando hizo un análisis de la situación.
Lo cierto es que la creación de las fiscalías especializadas y de las defensorías oficiales de las víctimas de violencia, más la formación de los juzgados, la contratación de los profesionales del cuerpo interdisciplinario, el lugar y las herramientas para el funcionamiento del fuero, están lejos de ser una realidad este año, si se tiene en cuenta que se recortaron los fondos para la ejecución de la ley.
Curioso es que en el primer párrafo del texto establece: “Considérase de interés prioritario para el Estado provincial la lucha para la prevención, erradicación y sanción de la violencia familiar y de género”.
Jerarquizaciones, en jaque
En el orden nacional, el nuevo gobierno eliminó programas de prevención y atención de la violencia, y degradó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a una subsecretaría, para luego disolverla completamente. En Catamarca, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad fue reducida a una dirección, lo que refleja una preocupante tendencia hacia la minimización de las agendas de género. Sin embargo, en algunos municipios se mantienen áreas que se encargan de las violencias a mujeres y disidencias. Pero la desjerarquización de las políticas de género no es un fenómeno aislado en Argentina.
La atención hoy
En Catamarca funcionan dos Unidades de Violencia de Género, una en San Fernando del Valle de Catamarca que atiende todos los días las 24 horas; y la otra en Valle Viejo, con atención limitada, ya que no funciona en horario nocturno. Sin embargo, en todas las Unidades Judiciales del Valle Central se pueden denunciar casos de violencia. En el interior las denuncias se toman en las comisarias. Otra deuda aquí es la calidad de atención de los operadores judiciales y policiales. Aunque desde el Poder Judicial afirman que las capacitaciones son constantes, muchas veces la conducta demuestra falta de información, formación, capacitación, sensibilización, que el Estado mismo debe proporcionar.
También el Hogar Warmi tiene guardias y asesora las 24 horas, todos los días del año. Las personas pueden comunicarse al 3834200144 para recibir atención, contención y guía sobre pasos a seguir en situaciones vulnerables.