La ley provincial de Compre Catamarqueño sigue siendo letra muerta para el Gobierno. En mayo pasado, compró 800 camisas y 800 pantalones del uniforme de la Policía a una empresa con sede en Córdoba y pasó por alto a los proveedores de indumentaria radicados en Catamarca. La excusa fue que solo la firma finalmente ganadora había participado en la compulsa de precios. Lo curioso fue que ninguna de las empresas locales se enteró de la convocatoria.
La apertura de ofertas del concurso de precios N°100-0046 CPR24 con modalidad “Compra determinada” se hizo el 8 de abril, a través de la plataforma digital del sistema electrónico de contrataciones de la Administración provincial “COMPR.AR”. El pliego oficial destacaba que la contratación se realizaría de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 5038 “Compre y contrate preferentemente catamarqueño”.
El concurso de precios estaba dividido en tres ítems, cada uno de ellos por 800 unidades: 1) camisas de vestir de color celeste, 2) pantalones de trabajo tipo “bombacha de combate” de color azul oscuro y 3) borceguíes de cuero vacuno, con talles de 36 a 47. El presupuesto oficial fue $112.000.000.
Si bien el pedido de los uniformes lo hizo la Policía de Catamarca, el organismo que contrató fue la Secretaría de Compras y Abastecimiento del Ministerio de Economía a cargo del abogado Exequiel Rachid.
El lunes 6 de mayo, la ministra del área, Alejandra Nazareno, firmó la resolución por la cual aprobó “lo actuado” por Compras y Abastecimiento y adjudicó a la firma “Cabildo Uniformes Simple Asociación” los ítems 1 y 2 del concurso por $96.000.000, mientras que el ítem referido al calzado fue declarado desierto porque no se presentaron ofertas.
Ausencias sugestivas
El aspecto más llamativo del concurso fue que no se presentó ninguna de las empresas del rubro manufactura de indumentaria que existen en la provincia, varias de ellas habituales proveedoras del Estado y de las grandes compañías mineras que operan en esta jurisdicción.
Según afirmó el diputado provincial opositor Hugo Ávila, en una entrevista realizada el martes pasado en El Ágora, de Tveo, “todas las notificaciones enviadas a las fábricas del parque industrial de Catamarca fueron enviadas a otras direcciones de mail”, las cuales fueron advertidas luego de adjudicar la compra a la empresa Cabildo Uniformes.
“Evidentemente fue una maniobra perpetrada para adjudicar a esa empresa de Córdoba; además, según me dicen los industriales de Catamarca ellos estaban en condiciones de vender a la mitad de precio”, señaló.
Para el legislador, esta operación revela que el Gobierno “no está cumpliendo la ley de Compre Catamarqueño, como tampoco se está cumpliendo con la Comisión Permanente de Compre Catamarqueño que deben integrar la Federación Económica y la Unión Industrial de Catamarca”.
Ávila dijo saber que el presidente de la UICA y dueño de Confecat, Carlos Muia, se sintió “discriminado” por el Estado provincial en esta compra de uniformes, ya que ni siquiera fue invitado a cotizar. La firma es líder es fabricación de indumentaria de trabajo en Argentina y cuenta con 560 trabajadores en Catamarca.
Es curioso que a los funcionarios del área, empezando por el propio Rachid, no les haya llamado la atención la ausencia de los principales proveedores de indumentaria de la provincia a la hora de presentar ofertas. Salvo que hubiera existido un interés deliberado por favorecer a la firma mediterránea.
Cabildo Uniformes Simple Asociación tiene domicilio en Coronel Olmedo 284, en la capital de Córdoba, aunque cuenta con representación en Catamarca en el Pasaje Narváez 763, a solo media cuadra del edificio central de la Policía provincial. Aunque no es la primera vez que la Provincia le compra ropa para la fuerza de seguridad, esta fue la operación más grande en lo que va del año.
La explicación que los funcionarios de la cartera económica dieron a los empresarios locales es que no habían actualizado sus datos de contacto en la plataforma COMPR.AR, con lo cual los mails en algunos casos fueron enviados a direcciones inexistentes o de gente que ya no trabaja en las empresas. ¿No les pareció extraño la falta de respuestas?
Práctica recurrente
El artículo 1° de la Ley de Compre Catamarqueño es contundente respecto a la obligación del Estado provincial. Dice lo siguiente:
“La Administración Pública Provincial y demás sujetos de derecho comprendidos en los Artículos 1 ° y 2° de la ley N° 4938, quedan obligados en todos los supuestos de actos y procedimientos previstos en los Artículos 86° al 105°, Título VI de dicha Ley, a adquirir en forma preferente bienes producidos en la Provincia y contratar obras o servicios de empresas o personas proveedores locales.
La preferencia en la adquisición de bienes o contratación de servicios se aplicará también para los servicios, bienes o productos originarios de otras jurisdicciones, en los casos en que no existiendo en la provincia iguales o equivalentes, sean ofrecidos por empresas o proveedores locales”.
No obstante tal claridad, las inobservancias de la norma han sido frecuentes en los últimos años. Por caso, en 2023, durante la gestión de Eduardo Niéderle al frente del Ministerio Infraestructura y Obras Civiles, la misteriosa empresa UMG Compañía Minera SRL, con domicilio en La Rioja, fue adjudicada en grandes obras que a septiembre de ese año sumaban más de $9.200 millones.
UMG no solo era una perfecta desconocida en el campo de la obra pública, sino que además ni siquiera estaba inscripta en el Registro de Comercio ni en el Registro de Proveedores del Estado provincial. Aún así, el Gobierno la declaró ganadora en 6 licitaciones, de las cuales en 5 compitió solo con otro oferente: Astori Construcciones SA, segunda firma del gigante cordobés Astori Estructuras. En ninguna de esas compulsas participó una empresa catamarqueña.
La obra más importante fue la ampliación del Hospital San Juan Bautista, con un presupuesto oficial de $3.967 millones, que finalmente se frustró por el freno a la obra pública que decidió el gobierno de Javier Milei.
El caso de los uniformes policiales tiene relevancia por cuanto Catamarca es considerada un fuerte polo textil y manufacturero de ropa, al margen de la frustrante experiencia de Textilcom que cerró el 21 de mayo pasado.
Sin embargo, es poco probable que el Tribunal de Cuentas, que preside el exministro político Jorge Moreno, o la Justicia provincial investiguen el direccionamiento de la compra de indumentaria policial en favor de una firma foránea, si las empresas locales afectadas no hacen sus reclamos formales.
Quedará tal vez como una operación administrativa teñida de sospechas en torno a la sugestiva forma de licitar y pagar más caro en perjuicio del Estado.
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