El tránsito del “no se puede dar más” al “han superado nuestras expectativas” fue vertiginoso. Transcurrieron solo tres días hábiles para que la familia policial de Catamarca, entre activos y retirados, pasara de la áspera protesta a la algarabía tras obtener un acuerdo salarial que fue considerado como el mejor del año en el sector público. Pero el final feliz puso al descubierto, una vez más, que las puertas que el Gobierno cierra con aparente vehemencia se abren a fuerza de presión callejera. Y reveló por otra parte que a la responsable del área, Fabiola Segura, el cargo le queda demasiado grande.
Los conflictos salariales de la Policía se renuevan periódicamente, tal vez más que otros sectores del Administración pública. Y en general responden a incumplimientos de los compromisos asumidos por las autoridades provinciales. En lo que va del año, hubo dos trances con momentos álgidos.
El 21 de febrero pasado, un grupo de policías activos y retirados, además de agentes del Servicio Penitenciario y familiares, ingresaron por la fuerza a Casa de Gobierno, cansados de reclamar en la calle y no ser escuchados. Ese día, de hecho, habían acudido a la sede del Poder Ejecutivo porque les habían asegurado que serían recibidos por la ministra de Hacienda, Alejandra Nazareno. Pero no pudo ser.
“La ministra viajó a la Feria de la Puna, en Antofagasta de la Sierra, cuando la reunión estaba pautada hace una semana. Es una burla”, se quejó un oficial de apellido González. Por esa razón fue que decidieron sortear el vallado y estuvieron a punto de enfrentarse con los grupos especiales llamados al lugar para contenerlos. “También venimos a pelear por ustedes, compañeros, no nos peguen”, gritaba uno de los oficiales retirados.
Pese al temor que provocó la reacción de los manifestantes, hubo un cierre pacífico y todos quedaron más o menos conformes, según lo afirmaron en las horas posteriores.
En esa ocasión, los policías pedían que ningún sueldo fuera inferior a $600.000. No fue eso lo que lograron: el Ejecutivo les otorgó un aumento del 30% y una suma no remunerativa de $30.000 para los que cobren menos de $600 mil. El piso de la mayoría quedó en torno a los $400 mil. Además, se fijó el compromiso de actualizar los haberes policiales en forma mensual.
Ni un peso más
El 29 de abril pasado, el clima estaba enrarecido en la fuerza policial. La ministra de Seguridad, Fabiola Segura, se reunió a la tarde con el jefe de Policía, Ulises Córdoba, con el objetivo de evitar una escalada en los reclamos, sobre todo en la previa a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo, donde es tradición que haya anuncios del Gobierno para los trabajadores.
Sin embargo, de nada sirvieron los aprontes oficiales. Las negociaciones con los representantes de la fuerza estaban estancadas, sin salida. Esa misma tarde del lunes 29, un nutrido grupo de policías se congregó frente a la sede de la Gobernación. Decían que el compromiso anterior era que nadie cobraría menos de $400 mil, pero los recibos de sueldo mostraban un monto neto inferior.
Ni Segura, ni menos aún el jefe Córdoba, estaban en condiciones de tranquilizar la protesta. Más aún, los voceros de los policías, incluidos los familiares, sostenían que hablar con la ministra era “perder el tiempo”; que los habían maltratado cuando fueron a pedirle audiencia y que les retenían los celulares para que no graben ni tomen fotos. Conductas típicas de otros tiempos.
A la mañana siguiente insistieron para ser recibidos por las autoridades, pero no hubo caso. Así fue como decidieron armar un acampe en la calle de ingreso a Casa de Gobierno. Para evitar que se sumen a la movida, a las comisarías llegó una orden de la superioridad para que nadie salga a la calle sin razón oficial y otra por la cual se recargaron los turnos de guardia.
El miércoles 1° de mayo amaneció con más tensión. A las inveteradas manifestaciones callejeras de los grupos de izquierda, se sumaron la de los policías y familiares en la peatonal Rivadavia, a solo 50 metros del Cine Teatro Catamarca, lugar de la Asamblea Legislativa.
Al término de la ceremonia, el gobernador Raúl Jalil fue abordado por la prensa y una de las consultas fue precisamente la del reclamo policial. “Ellos tienen que entender la situación que está viviendo el país. Pienso que de acá a unos meses algunos sectores se van a poder mejorar, pero por ahora no”. “Más no se puede dar”, dijo tajante.
La ministra Segura también fue interrogada sobre el mismo asunto. “Vamos a seguir abordando esto en la mesa de diálogo, como lo venimos haciendo”, afirmó con una sonrisa nerviosa. Fue una respuesta a la medida de su realidad. No tenía nada para informar.
Expectativas superadas
El acampe siguió adelante, como también los operativos oficiales para tratar de desarticularlo. Nadie aflojaba. Pero esta gestión de gobierno aprendió que cuando el bolsillo aprieta no puede pretender resignación y paz social. Sabe que las respuestas están siempre de su lado.
A última hora del viernes 3 de mayo, finalmente alumbró un principio de acuerdo. El interlocutor elegido por el Jefe de Estado fue el ministro de Gobierno y Justicia, Fernando Ávila, hermano de la diputada nacional y exsecretaria de Minería de la gestión Fernández, María Fernanda Ávila.
Pero como se trató de algo a las apuradas, ya que el Gobierno solo pretendía que se levante el acampe, Ávila agarró un papel, escribió un texto de buenas intenciones y lo hizo firmar a los representantes de la familia policial, junto a su propia firma, por supuesto.
El escrito decía textualmente: "El ministro de Gobierno, Dr. Fernando Ávila se compromete a trabajar para destrabar el conflicto salarial avalando de elevar el piso del agente, y pasar a remunerativo el recargo de servicios que perciben actualmente los activos, y ver la posibilidad de sumar los bonos que se otorguen a la Administración Pública”.
En la foto, además de Ávila, estuvo el propio Gobernador. Por cierto, la ministra Segura tuvo que conformarse con aplaudir el preacuerdo lejos de allí. No ser parte de lo importante debería desencadenar alguna decisión. Por puro orgullo.
El lunes pasado, 6 de mayo, después de una reunión de varias horas en Casa de Gobierno, los representantes de la Policía y de los agentes penitenciarios salieron a dar la noticia. En la calle había poco más de medio centenar de personas. “Debemos decirles que el acuerdo al que llegamos ha superado nuestras expectativas. ¡Hemos logrado unificar la tabla de puntos índice!”, afirmó exultante la contadora Karina Pérez. La algarabía fue generalizada.
Pero al margen de lo salarial, la comisión negociadora también planteó una situación delicada: la insuficiente contención emocional de los uniformados por parte del gabinete psicológico de la Policía. Esto a raíz de un suicidio reciente de un agente que encendió las alarmas en la fuerza y, sobre todo, en las familias del personal en actividad.
Según comentó un familiar que participó en la reunión, el Gobierno se comprometió a reorganizar el gabinete y convocar a instituciones especializadas para que aporten ideas y trabajo con el fin de hacer algo más por la salud mental de los policías. Esto es, algo más que quitarles el arma y darles licencia.
Llenar el casillero
Fabiola Segura asumió como ministra de Seguridad el 30 de mayo de 2022, en reemplazo de quien hasta allí era su jefe, Gustavo Aguirre, hoy jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados.
Antes de eso, Segura se desempeñaba como directora provincial de Participación Ciudadana del mismo ministerio. Su vínculo con Aguirre venía desde cuando él era secretario de Gobierno del municipio capitalino, al inicio de la gestión de Gustavo Saadi. Cuando Jalil convocó a Aguirre al Ejecutivo provincial, éste llevó a Segura como colaboradora.
Su asunción como ministra de Seguridad de la Provincia fue presentada por la usina de prensa de Casa de Gobierno con un slogan marketinero: se trataba de la “primera mujer” que se haría cargo del área, nada menos que como máxima autoridad de la Policía.
A dos años de ese “hito”, Segura tiene pocas cosas para mostrar. O más bien varias en términos de déficit. A saber:
- El delito en la provincia sigue en alza. El Ministerio de Seguridad no ha podido aún elaborar un “mapa de delito” que muestre, a fines estratégicos, cuáles son las zonas más afectadas y las estadísticas en cada caso.
- El servicio de emergencia SAE 911 cuenta solo con 6 policías para operar las cámaras de seguridad. De las 300 cámaras que se pusieron en operación en 2021, hoy apenas funciona un cuarto de ellas.
- El reclamo por la falta de atención de la salud mental de los policías revela la poca importancia que el ministerio y la propia jefatura de la fuerza le asignan al tema.
A eso se suma la incapacidad de la funcionaria para encaminar la negociación salarial con los policías. Se trata del principal vínculo que debe tener cualquier jefe de área con sus empleados, más aún en tiempos de angustia económica como los que vive el país.
De qué sirve un ministro o cualquier funcionario con responsabilidad ejecutiva si no puede sentarse al frente de una mesa de diálogo y allanar el camino para una salida.
La repentina intervención del ministro Ávila para acercar posiciones recuerda el papel que solía ejercer el exministro de Gobierno de la gestión de Lucía Corpacci, Gustavo Saadi, cuando debía apagar el fuego de los paros docentes ante la incapacidad negociadora del entonces ministro de Educación, Francisco Gordillo.
En definitiva, cuál es el sentido de mantener un funcionario con mero valor ornamental.
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