Beta Investment SRL se inscribió como tal el 11 de agosto de 2021 en La Rioja, pero el nombre de fantasía era “Betabank”. Así se hizo medianamente famosa en el lote de las financieras que prometían rentas extraordinarias y al final solo dejaron un tendal de víctimas. Y como sucedió con el resto, sus dueños quedaron presos y la plata de las inversiones no apareció más.
Betabank entró al negocio de la timba financiera cuando los grandes jugadores, como Adhemar Capital y RT Inversiones, ya habían acaparado la mayor parte del mercado. Pese a eso, se cree que habría más de 400 personas afectadas, aunque muchas de ellas se resignaron y no hicieron las denuncias del caso.
La cúpula de la empresa estaba conformada por Juan Manuel Casado Tolosa, Esteban Cabello y José Daniel Carrizo. Firmaban los contratos como socios gerentes. También tuvieron una participación secundaria el padre y el hermano del primero, Manuel Casado y Ángel Casado Tolosa.
Tras su paso fugaz por La Rioja, la firma empezó a operar en el local 10 de la Galería Liberti, ubicada sobre la Peatonal Rivadavia de la capital catamarqueña. Y como por lo visto no le iba tan mal, poco después se trasladó a un inmueble más grande en Sarmiento 1138. Fue el último domicilio registrado.
De acuerdo con el monto invertido, la financiera ofrecía ganancias mensuales de entre el 20 y hasta el 30% en dólares en contratos de un año. Era claramente una rentabilidad fenomenal, incluso superior a lo que pactaban con sus clientes Edgar Bacchiani y el clan Bulacio. Quizás por ello fue por lo que Betabank logró abrirse camino en la trampa piramidal.
Aunque también porque, a diferencia del resto que supuestamente se dedicaba al “tradeo” de criptomonedas, la financiera tentaba a sus clientes con formar parte de un desafío más ambicioso: el dinero invertido se destinaría a la compra de equipamiento informático para hacer “minería” de las criptomonedas Bitcoin y Ethereum en Paraguay. Luego, con el producto de eso pagaría las rentas prometidas.
Pero al principio, las operaciones siguieron al pie de la letra el esquema piramidal. En algunos casos, la financiera pagó las utilidades acordadas durante noviembre y diciembre de 2021, pero en enero de 2022 comenzó la cesación y con ella el aluvión de reclamos. En el trimestre siguiente se presentaron las primeras denuncias penales.
Entre ellas estaban las que llevó adelante el abogado Gastón Navarro, representante de media docena de damnificados, en la Justicia Federal de Catamarca.
Invertir en “la granja”
Uno de los contratos denunciados en la Justicia establece que el cliente “GOC” (no se mencionará el nombre) firmó con Juan Casado Tolosa un “contrato de explotación de Asic Miner”, por el cual el primero quedaba como propietario de “diez circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC), marca ‘Innosilicon’, valuados en 12.000 dólares”. Éste se los encargaba a Casado Tolosa y luego a Beta Investment, con el fin de “desarrollar tareas de minado de criptomoneda en la ciudad de Hernandarias (Paraguay).
Al cabo de 30 días, agregaba el contrato, Beta debía reintegrar al cliente los 12 mil dólares de la compra del equipo -el cual en teoría ya estaría amortizado por el trabajo de minado-. Una vez recuperado tal costo, las utilidades futuras serían distribuidas en partes iguales entre los contratantes.
Por supuesto, el acuerdo no se cumplió en su totalidad.
¿De qué se trataba el proyecto de inversión? Los dueños de la financiera estaban decididos a salir de la apuesta fácil del “tradeo” e incursionar en una actividad compleja que exige altísima inversión y conocimiento: la minería de criptomonedas.
Más aún, se propusieron llevarla adelante a gran escala, en una “granja de minado”. Esto es, un vasto centro informático donde procesar las transacciones encriptadas y obtener monedas digitales en “recompensa”.
De ese modo se instalaron en la localidad paraguaya de Minga Guazú, a pocos kilómetros de Ciudad del Este. Alquilaron dos enormes tinglados -aunque en los informes técnicos de la causa solo figura uno- e instalaron contenedores refrigerados con potentes computadoras.
Según explican Cabello y Casado Tolosa en videos que grabaron en el lugar y a los que tuvo acceso INFORAMA, los depósitos fueron divididos para el funcionamiento de dos tipos de equipos de minado: Rig (o GPU) y ASIC.
Los Rig son sistemas ideales para pequeños mineros por ser sencillos de configurar, relativamente económicos y altamente escalables. Cuentan con componentes comerciales comunes: una placa base, un procesador, algo de memoria RAM, una unidad de almacenamiento y tarjetas gráficas. Permiten minar diferentes algoritmos de criptomonedas. Y si los resultados no ayudan, es posible desmontar el rig y vender sus componentes.
En cambio, los equipos ASIC son de avanzada: están diseñados para minar una criptomoneda específica, no cualquiera; consumen menos energía y son más eficientes que los Rig. Pero tienen una vida útil de 12 meses, no se pueden reutilizar ni desmontar.
“Vamos a ser la granja de minado más grande de Latinoamérica. Así que, gente, fíjense dónde van a invertir, porque aquí están apalancando un proyecto serio y pueden subirse al barco para siempre”, asegura Cabello en uno de los videos grabados en Paraguay.
El fideicomiso y las imputaciones
Otro hecho bajo investigación es el fideicomiso “Selenium”, creado por los hermanos Pablo y Antonio Vargiú y Luis Emilio Marchetti como fiduciantes originales, con un aporte de $100.000 cada uno, mientras que Beta Investment ingresó con un aporte de 12.220.378 Tether Usd Stablecoin (moneda digital que replica el valor del dólar)
Según el contrato, todos los que ingresen como fiduciantes adherentes a “Selenium” recibirán un certificado sobre un token criptoactivo, supeditado a la volatilidad del mercado cripto y a las rentas que produzca el minado de criptomonedas en la “granja” de Beta en Paraguay.
Para el abogado Navarro, este fideicomiso no tuvo otra finalidad que “insolventar” a Betabank al pasarle sus activos, con las consecuentes dificultades que produjo a los clientes recuperar sus inversiones. Así, los creadores de Selenium “colaboraron con la administración fraudulenta de los activos que formaban parte de las inversiones entregadas a la empresa”, afirma.
Finalmente, el juez federal Miguel Ángel Contreras resolvió imputar a Juan Casado Tolosa, Cabello y Carrizo por “intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos, administración infiel y asociación ilícita”. Los tres se encuentran detenidos en el Servicio Penitenciario. En cambio, Manuel y Ángel Casado Tolosa y Marchetti también quedaron imputados por los mismos delitos, pero están en libertad.
Curiosamente, a Carrizo le otorgaron una prisión domiciliaria por tres meses, hasta que por pedido de la querella retornó a prisión. Se trata, tal como lo presenta Casado Tolosa en un video, del "socio técnico" y responsable de haber montado la red informática en los tinglados y de controlar la performance del minado de criptos. Otro detalle sugestivo es que en diciembre pasado le secuestaron un celular que tenía en la celda que comparte con Cabello. Es lógico suponer las maniobras financieras que puede hacer un técnico de sus características con un móvil en su poder. ¿Cómo llegó a sus manos?
También fueron imputados los hermanos Vargiú como “partícipes necesarios del delito de administración infiel”, y por cierto se encuentran en libertad.
Desde hace más de una década, Pablo Vargiú es el vicecónsul honorario de Italia en Catamarca. Es un cargo vitalicio, de modo que solo podría dejarlo por renuncia o fallecimiento.
Los desposeídos
Desde que los querellantes solicitaron a la Justicia Federal el allanamiento y el secuestro de bienes en la “granja” de minado en Paraguay hasta que efectivamente se llevó a cabo, transcurrió más de un año y medio. Hubo errores en la redacción de la sentencia y en el exhorto que comunicaba la medida, además de demoras en la Cancillería argentina en los trámites con las autoridades del vecino país.
En enero pasado, las autoridades paraguayas informaron a la Justicia que solo hallaron un tinglado con algunas sillas, escritorios, monitores y equipos de aire acondicionado. Pero ningún equipo informático de criptominería, menos todavía los contenedores con las celdas.
En su informe, la abogada Liza Mabel Baeza, agente fiscal de la Unidad Especializada Anti-contrabando del Ministerio Público de Ciudad del Este, dio cuenta de que los inspectores enviados pudieron dialogar con “un vecino que sería el propietario del tinglado, de unos 60 años y nacionalidad mexicana”, quien “tres meses atrás visualizó tres camiones de gran porte llevando varias cajas grandes de cartón del lugar”. Y que posteriormente “no hubo mucho movimiento en el local”. Tampoco mencionó cuál era el “rubro comercial” al que se dedicaban. Es obvio que los policías enviados al lugar únicamente fueron a constatar, no a investigar ni preguntar más de la cuenta.
Hay otros datos decepcionantes para los clientes de la financiera: ninguno de los principales imputados tiene bienes registrables a su nombre, ni cuentas bancarias. Tampoco Beta Investment SRL tiene cuentas corrientes. Todo es insolvencia.
Según se estima, la estafa total a los clientes de Betabank superaría los 15 millones de dólares. Una verdadera fortuna.
Juan Casado Tolosa, de 37 años y profesión kinesiólogo, comparte el calabozo con Edgar Bacchiani en el Penal de Nueva Coneta. Es de imaginar lo que también comparten respecto a sus exclientes.
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