La gestión de Raúl Jalil atraviesa estos días la crisis más difícil desde 2019: reclamos salariales en todos los sectores del Estado provincial, protestas por los aumentos de cuotas en las viviendas y en la educación privada, creciente desocupación en la obra pública paralizada, cuestionamientos opositores por inminentes medidas “inconstitucionales” y, por si fuera poco, la amenaza de cambios en la coparticipación federal de parte del gobierno de Javier Milei. Una verdadera tormenta perfecta.
Entre fines de febrero y lo que va de marzo, sobre el Gobierno provincial llovieron los pedidos de recomposición de sueldos, previsibles en el contexto de alta inflación que vive el país agravado por el desplome de recursos nacionales a las provincias. En el caso de Catamarca, según datos del Ministerio de Economía de la Nación, la caída fue del 19,2% en febrero.
Pero a los trabajadores estatales, las contingencias político- económicas del país y las dificultades que enfrente la Provincia, tan dependiente de las transferencias nacionales, no les interesa en absoluto. Y es lógico que así sea. El planteo es bien simple: con lo que cobran hoy no llegan a fin de mes. Este es el común denominador, pero hay variantes según los sectores y actores involucrados.
Algunos conflictos se mantienen álgidos y sin solución en varias áreas del Estado, mientras que en otras ya empiezan a apaciguarse. Los que tuvieron mayor notoriedad fueron los siguientes:
Salud
- Hospital interzonal “San Juan Bautista”: el personal lleva adelante medidas de fuerza en protesta por lo que denominan un “no a la indigencia salarial”. Es un quite de colaboración que ha reducido la atención en general. Piden que la respuesta sea integral para todos los trabajadores, profesionales, auxiliares y administrativos. Y que no se pague con “guardias”, sino con incrementos en el salario básico.
- Hospital de Niños “Eva Perón”: pediatras y neonatólogos continúan con las asambleas permanentes y manifestaciones esporádicas en el ingreso al nosocomio, con carteles y declaraciones a la prensa por parte de sus voceros. Reclaman una recomposición salarial de fondo, ya que hasta el momento la Provincia solo pagó un bono de emergencia. La situación de esas especialidades médicas es cada vez más crítica en el país.
- Hospital de Belén: los médicos advirtieron que renunciarían a las guardias si el Gobierno no avanza con una solución estructural. “Queremos salarios dignos”, rezaban los carteles de los profesionales. También reclamaron por las condiciones laborales precarias de ese hospital. Además se sienten explotados porque son cinco profesionales en total.
- Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP): Los empleados trabajaron con quite de colaboración durante toda la semana. Fue un reclamo por una diferencia salarial de 30%, que también alcanzaba al aguinaldo y que la Provincia no había liquidado tal como se comprometió. A última hora del viernes, el representante gremial de OSEP, Carlos Noriega, adelantó que levantarán las medidas desde el lunes tras la promesa oficial de pagar lo adeudado con los sueldos de marzo.
Seguridad
- Policía y Penitenciaría: policías retirados y personal del Servicio Penitenciario piden un sueldo mínimo de $ 600 mil. En febrero pasado tuvieron varias reuniones con la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, pero no llegaron a un acuerdo. El Gobierno solo les ofreció un bono de $30.000 para los sueldos más bajos. Un uniforme, que cada miembro de la fuerza debe comprar, cuesta $300 mil.
En la mañana del miércoles 21, un nutrido grupo de retirados y penitenciarios, más familiares de policías activos, ingresaron por la fuerza a Casa de Gobierno. Querían hablar con el gobernador Jalil, quien no se encontraba en la Capital. Hubo momentos de fuerte tensión. Finalmente, se acordó una suba del 30% sobre los sueldos, más el bono anunciado antes, y se conformó una comisión que hará un seguimiento de la evolución salarial del área.
Administración central
- Confusa liquidación: para el resto de la administración, el Gobierno había acordado con los gremios estatales un salario mínimo de $300.000 a partir de enero en las categorías bajas más un incremento del 14% desde febrero. Pero, para sorpresa de la mayoría, el aumento solo lo cobraron los funcionarios y profesionales, no los administrativos. Eso generó un fuerte malestar que aún se mantiene. La ministra de Trabajo y Planificación, Verónica Soria, dio una explicación que dejó más dudas que certezas. Según dijo, en febrero ningún agente percibió menos de $345 mil, incluyendo el bono no remunerativo de $45 mil.
Poder Judicial
- Presupuesto reducido: tras la poda presupuestaria dispuesta por el Ejecutivo -y luego aprobada por la Legislatura-, el Poder Judicial cuenta con recursos suficientes, según indicaron fuentes de ese ámbito a INFORAMA, para llegar a junio próximo, con aguinaldo incluido. A partir de allí dependerá de las partidas extraordinarias que pueda transferirle la cartera económica provincial.
En febrero pasado, la Corte de Justicia liquidó los sueldos con un aumento del 15%. Los judiciales esperaban una mejora del 35%. En una acordada, los jueces del tribunal superior solicitaron al Ejecutivo un refuerzo de las partidas para hacer frente a los incrementos salariales. Aún no recibieron respuesta. Así las cosas, un nuevo conflicto entre poderes está a la vuelta de la esquina.
El frente Valle Chico
Un emergente quizás no previsto de la crisis económica fue el encendido reclamo que hicieron vecinos del popular conglomerado de viviendas de Valle Chico, en contra del aumento en las cuotas que pagan al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)
A principios de marzo, el IPV comunicó que, debido a la suspensión de fondos para obra pública por parte del Gobierno nacional, se vio obligado a implementar un reajuste en abril. Este tendrá topes de cuotas que oscilarán entre $35.000 y $75.000. Según indicó, se tuvo cuidado para que ninguna cuota supere el 20% del ingreso familiar.
Si bien en términos absolutos los montos son razonables, los vecinos se mostraron indignados porque las cuotas que pagaban eran muy inferiores. Aparte, aseguran que en muchos casos debieron hacer arreglos en las viviendas porque las recibieron con problemas en instalaciones y algunas con fallas constructivas.
Control de constitucionalidad
Por si faltaran conflictos, los diputados radicales cuestionaron al gobernador Jalil por haber “violado tres veces la Constitución en una semana”. Así lo señaló la presidenta de la bancada, Silvana Carrizo.
Tales “violaciones” estarían dadas por los siguientes hechos:
- El Ejecutivo recibirá $3.000 millones de la empresa minera YMAD como adelanto de utilidades. "Esta acción viola el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, ya que es un incremento presupuestario que debe ser tratado por la Legislatura”, afirmó. Y hasta ahora, el Gobierno no dio participación a las cámaras para tratar esta inyección financiera.
- El gobernador Jalil adelantó que los “puntos índice”, es decir, los nuevos cargos políticos de exintendentes, exlegisladores y exfuncionarios, serán convertidos en contratos de empleo público. Para Carrizo, “la facultad de crear y suprimir empleos para la administración de la provincia corresponde a la Legislatura", a través de la ley de Presupuesto.
- La tercera afrenta constitucional sería el incremento anunciado por la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) en los aportes de los empleados públicos con el fin de financiar el 82% móvil en las jubilaciones provinciales. Tal medida también exige tratamiento legislativo.
Oscuros nubarrones
En su convocatoria a los gobernadores para suscribir el denominado “Pacto de Mayo”, el presidente Milei incluyó entre los 10 puntos centrales para “reconstituir las Bases de la Argentina” la revisión del actual régimen de distribución de los recursos federales.
Concretamente, el punto 5° está enunciado del siguiente modo: “La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual”.
Se trata de un tema central para Catamarca y las provincias menos desarrolladas en general. La Ley de Coparticipación Federal N° 23.548, promulgada en 1988, define el sistema de distribución de los impuestos nacionales a las provincias sin considerar la extensión territorial ni demográfica.
Catamarca, se sabe, es una de las provincias más favorecidas en cuanto al porcentaje de participación en la torta federal. Por esa ley, se le fijó el 2,86% del total, por encima de provincias como Río Negro (2,62%), San Luis (2,37%), La Rioja (2,15%), La Pampa (1,95%), Neuquén (1,54%), (Chubut 1,38%) y Santa Cruz (1,38%)
Los porcentajes, de todos modos, se fueron modificando levemente con la incorporación de nuevos impuestos y fondos especiales. Aun así, la dependencia de Catamarca de la coparticipación es del 74,3%. Recauda menos del 10% en tributos provinciales.
No obstante, en las reuniones previas que tuvieron los gobernadores el viernes en Casa Rosada con funcionarios nacionales no se habló de modificar, por ahora, el régimen de coparticipación federal. Esto demandaría un consenso político amplio, del cual Milei hoy carece.
Como sea, el tema figura entre las obsesiones del Presidente. Y por lo tanto, representa una señal de alerta para el gobernador Jalil. Mientras, aún tiene varios frentes de conflictos abiertos en estas fronteras.