En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 13 años de prisión a Milagro Sala por asociación ilícita y desviar fondos destinados a viviendas sociales. Aún circulan en internet las imágenes de los bolsos con plata que descargaban en su casa de Jujuy y en la sede de la Tupac Amaru. Hace apenas unos meses, en distintas instancias electorales de 2023, once intendentes de Catamarca mandaron a retirar enormes sumas de dinero por ventanilla del Banco Nación. Todos quedaron a tiro de denuncia penal por parte de un organismo nacional.
La causa por la que fue condenada Sala es conocida como “Pibes Villeros”. La Justicia concluyó que la dirigente, entre 2013 y 2015, había llevado a cabo una "asociación ilícita" con la que malversó fondos ($ 60 millones entonces) que provenían de un acuerdo entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, además de haber perpetrado extorsiones.
El Tribunal sostuvo que los miembros de esa "asociación ilícita" habían conformado cooperativas ficticias a través de las cuales lograban desviar fondos destinados a la construcción de viviendas y comedores y a mejoras habitacionales. Las obras, por cierto, nunca se ejecutaron.
Dora Silisque, ex integrante de la organización Tupac Amaru, reveló en 2016 su participación en el retiro de $50.000 (que hoy equivalen a $2,1 millones) del Banco Nación, al igual que otras 15 compañeras que extrajeron la misma cantidad por cabeza. Mirta “Shakira” Guerrero, otra colaboradora, dio detalles en la TV nacional de cómo Sala se quedaba con el dinero que debía ir a obras y también sobre cómo lo fugaba al exterior.
Esos movimientos de dinero pusieron en una situación comprometida al Banco Nación; de hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) abrió una investigación sobre la entidad por las altas sumas de dinero que las personas vinculadas a Sala retiraron de la sucursal jujeña. Pero la arremetida de la UIF tuvo un percance.
En efecto, en 2018, el extitular de la UIF José Sbatella, de filiación kirchnerista, quedó imputado por encubrimiento agravado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público por hacer la “vista gorda” con Milagro Sala. Fue porque archivó una denuncia en contra de ella por supuestas maniobras de lavado de dinero y, aparte, no le dio curso a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) confeccionados por la AFIP y el Registro de la Propiedad Automotor, por cobro de subsidios y la compra de una camioneta 4x4 de alta gama a nombre de la hija de Sala.
También se lo acusó de no darles tratamiento a Reportes Sistemáticos Mensuales remitidos por bancos a la UIF sobre Sala, su hija y su esposo entre 2013 y 2015. Estos reportes recién fueron analizados y tratados a partir de febrero de 2016, cuando Sbatella ya no estaba a cargo del organismo. Fue a partir de allí que se agilizó la causa principal contra la dirigente jujeña.
La UIF y el Nación
La Unidad de Información Financiera es un organismo autónomo y autárquico que se encarga del control, detección e investigación de delitos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos-financieros complejos.
En diciembre pasado, el Gobierno nacional designó al frente de la UIF al abogado y contador Ignacio Yacobucci, quien antes fue fiscal en la Justicia porteña y secretario de cámara en la Justicia Federal.
Por su lado, el Banco Nación cuenta con un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CCP) y tiene una política que denomina “Conozca a su Cliente”, por la cual identifica los casos de Personas Políticamente Expuestas, sobre las que realiza una “debida diligencia reforzada” y además lleva un registro de informes de “operaciones sospechosas”, donde monitorea las que puedan presentar “inusualidades”.
Para la UIF, “operaciones inusuales” son aquellas que carecen de “justificación económica y/o jurídica, y/o no guardan relación con el nivel de riesgo del cliente o su perfil transaccional, y/o que, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/u otras características particulares, se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado”.
Mientras que las “operaciones sospechosas” son aquellas que, al margen del monto, “ocasionan sospecha de que los fondos o activos involucrados provienen o están vinculados con el lavado de activos o con la financiación del terrorismo, o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis realizado por el sujeto obligado no permitan justificar la inusualidad”.
Reelectos y exintendentes
En coincidencia con las elecciones PASO de agosto y las generales de octubre de 2023, el Banco Nación envió a la UIF informes de operaciones sospechosas (ROS) por retiros de grandes sumas de dinero en efectivo por ventanillas de la entidad, tanto en Capital como en sucursales del interior de Catamarca.
Como los pagos a proveedores y sueldos se realizan a través de transferencias o por cheques, esos retiros de billetes representaron maniobras claramente inusuales y sospechosas. Y no fue poca plata.
En efecto, 11 municipios de distintos signos políticos hicieron extracciones por un total de $1.995.369.985. Una verdadera inversión clientelar para retener el poder en sus respectivas jurisdicciones. Seis jefes municipales lograron su cometido, mientras que cinco tuvieron que desocupar sus despachos.
La lista a la que tuvo acceso exclusivo INFORAMA es la siguiente:
Como se observa, el que más dinero retiró fue el municipio a cargo del peronista Franco Carletta. Según la documentación, el nombre identificado fue “Municipalidad de Icaño-PROPASA”. El PROPASA es un programa de provisión de servicios de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales para comunidades rurales, cuyos antecedentes en el país se remontan a 2007. Como sea, Carletta logró su reelección.
Además de él, en la lista de intendentes peronistas que retiraron sumas millonarias y fueron reelegidos figuran también Jorge Herrera (Las Juntas, Ambato) y Carlos Luna (Mutquín, Pomán)
Por el lado de la alianza opositora Juntos por el Cambio, corrieron con igual suerte los intendentes Rodolfo Santillán (Ancasti); Isidro Gómez (Corral Quemado, Belén) y Carlos Casimiro (Puerta de Corral Quemado, Belén).
En cambio, la “inversión” no les rindió a los oficialistas Roxana Paulón (Fiambalá), Lucas Carrazana (Saujil, Pomán) y Marcelo Saavedra (Los Varela, Ambato), ni a los opositores Daniel “Telchi” Ríos (de Belén, que jugó a favor de su candidata Graciela Moreno) y Ramón Villagra (Villa Vil, Belén).
No obstante, tanto Paulón como Carrazana tuvieron un "premio consuelo" en el Gabinete provincial, donde fueron designados como asesores sin funciones en el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Todos los retiros de dinero en efectivo por ventanilla del Nación por parte de estos municipios tienen asignados un número de ROS. La Unidad de Información Financiera puede hacer o no una denuncia penal en cada caso.
Es decir, puede seguir el camino que transitó el proceso de Milagro Sala, o bien esconder la tierra bajo la alfombra como ocurrió con Sbatella. Todo depende de cuánta transparencia se pretenda de los municipios en el manejo de los recursos públicos.
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