La empresa china Zijin, asociada con la argentina Liex para la explotación de litio en el proyecto Tres Quebradas (3Q) en Fiambalá (Tinogasta), continúa haciendo aportes al conflicto minero local. A las denuncias por inflar importaciones en perjuicio del fisco, explotación laboral, incumplimientos de convenios e irregularidades ambientales y de seguridad, ahora suma despidos injustificados y resistencia a la autoridad. La antítesis de lo que debería ser un proceso armónico de inversión en Catamarca.
Los problemas con la empresa asiática se remontan a noviembre de 2022. Precisamente el 1° de ese mes, la Policía Minera clausuró en forma temporal la planta de carbonato de litio de 3Q por supuestas irregularidades, aunque nunca dio detalles de los resultados del operativo.
Dos semanas más tarde, el fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, remitió un oficio al fiscal federal catamarqueño Santos Reynoso a fin de instarlo a investigar a la empresa por “posible contaminación ambiental y trata de personas”. Para Gómez, se debería indagar sobre la existencia o no de “serias irregularidades detectadas en el manejo de residuos químicos y el incumplimiento de normas de seguridad e higiene en la planta de procesamiento”.
El fiscal tucumano basó su pedido en las denuncias realizadas por la “Asamblea Fiambalá Despierta” y la agrupación “Agua Pucará” respecto a la “contaminación de agua y avasallamientos de los derechos de trabajadores y habitantes de la región”, según afirmó la organización.
Para los asambleístas, la clausura se produjo en “un contexto de intoxicaciones” de vecinos de Fiambalá que consumieron agua de curso natural que habría sido afectada por los trabajos en la planta litífera.
Por otra parte, Gómez aludió a las condiciones de “extrema precariedad” en que se desenvuelven los obreros y consideró que en función del hecho denunciado “estamos ante una hipótesis de explotación de las personas empleadas por la empresa minera”, algo que también señalaron los ambientalistas.
Ninguna de ambas sospechas mereció una investigación a fondo por parte de las autoridades, además de que tampoco se informaron las conclusiones de lo que se pudo observar. De hecho, la empresa dio vuelta la página y siguió avanzando con el proyecto.
Picardía contable
En agosto de 2023, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a la sociedad Liex-Zijin (por entonces en ese orden, ya que luego cambió a Zijin-Liex) por realizar operaciones fraudulentas de sobrefacturación en bienes de capital por un valor ampliamente superior al precio del mercado, por más de 5 millones de dólares.
Según la AFIP, el grupo minero habría incurrido así en la violación del Código Aduanero por operaciones trianguladas por la ruta de Hong Kong, sobrefacturando productos que al precio de mercado tenían un valor considerablemente inferior en comparación con otros de características similares.
En otras palabras, la empresa oriental habría “inflado” de ese modo la documentación de la importación de maquinarias para pagar menos impuestos y regalías, en perjuicio del Estado nacional y provincial.
Antes que Zijin, otra minera lítifera hizo de las suyas con las declaraciones juradas de sus operaciones. Fue la estadounidense Livent, que explota el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra. En julio de 2022, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a la compañía por subfacturar exportaciones de carbonato de litio en más de 400 operaciones.
La AFIP detectó un total de 8 millones de dólares por la diferencia de tributos entre lo pagado y lo que en realidad debía abonar entre 2018 y 2019, y le aplicó una multa de $6.700 millones. Si bien al principio la firma comunicó que no correspondía ninguna multa, finalmente se resignó, pagó $5.300 millones y lo comunicó a sus accionistas en la Bolsa de New York. Fue para “ordenar” las cuentas antes de la fusión con la australiana Allkem.
Conflicto laboral
Zijin recuperó el centro de la escena con otro escándalo. El pasado miércoles 3 de enero, despidió a una docena de trabajadores de la minera por haber participado un día antes de una reunión convocada por el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda (JxC), con proveedores, mineros y autoridades con el fin de crear una Secretaría de Gestión Minera y Control Ambiental en la órbita municipal. Es decir, sin ninguna justificación atendible.
Al día siguiente, los trabajadores echados -todos vecinos de Fiambalá-, sus familiares y otros exempleados organizaron un bloqueo de los accesos a la planta de Zijin-Liex. El principal reclamo fue, por cierto, su reincorporación, pero también piden que se respete el régimen laboral minero de 1x1 o el sistema roster de 14x14 (igual cantidad de días de trabajo y de descanso)
Otros reclamos inusuales, aunque tal vez no extraños en el caso en cuestión, fueron que la empresa mejore las condiciones laborales, de seguridad e higiene en el lugar y les entregue indumentaria de trabajo. Aseguran que el personal de maestranza disponible no da abasto con la limpieza de los pabellones.
El viernes 5 se repitió el bloqueo a la planta y los gremios AOMA y UOCRA paralizaron las actividades. Ese mismo día, el intendente Úsqueda, personal de la Policía Minera y representantes sindicales intentaron ingresar a la planta y los encargados de la minera les negaron el acceso. Fue entonces que las autoridades pidieron la intervención de la Policía provincial y así lograron que les abrieran las puertas.
Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y la comitiva se retiró del lugar con la aclaración de que todos atendidos en forma hostil y con “falta de respeto”. Y así quedó asentado en el acta que terminaron de escribir en el municipio. Por lo visto, para los empresarios chinos la concesión minera es lo mismo que una sede diplomática. Se sienten dueños de casa.
¿Choque de culturas?
El director de Inspección Laboral, Diego Romero, exteriorizó una visión más que angelical de la factoría china en Fiambalá. Aseguró que Zijin cumple con el régimen de 70-30 de empleo catamarqueño y que la razón por la cual no se pone en práctica el sistema de 14x14 se debe a “diferencias culturales” entre los trabajadores argentinos y los empresarios orientales. Lamentablemente, el concepto de diferencia cultural no está incluido en el convenio firmado con el Estado provincial.
Peor que eso fue la propuesta surgida de un colaborador de Úsqueda para enseñar chino mandarín a los agentes de tránsito municipales, para así tener una “comunicación fluida e interactuar” con los conductores asiáticos ante eventuales confusiones con las normas viales. Un claro ejemplo de sometimiento cultural.
El diputado opositor y exintendente tinogasteño Hugo “Grillo” Ávila salió al cruce de las afirmaciones del director Romero. Aseveró en planta de 3Q cuenta un millar de trabajadores, de los cuales menos del 40% son oriundos de Catamarca y apenas 110 empleados provienen de Tinogasta. Dijo que hay poco más de 300 operarios de nacionalidad china y que el resto son todos foráneos. Es decir, la empresa no cumple con el requisito 70-30 de ocupación catamarqueña, tal como establece la normativa local.
La forma de trabajar de la empresa oriental es claramente cuestionable y rompe con leyes y prácticas consolidadas en el sector minero en general, pero no debería sorprender a las autoridades.
En efecto, de acuerdo con un informe del Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos, entre 2013 y 2020 esa ONG internacional había registrado unas 700 acusaciones contra empresas chinas que operan en el extranjero por abusos de los derechos humanos de sus trabajadores.
El sector metalúrgico y minero fue el que más denuncias acumuló en ese sentido. En América Latina, Perú, segundo productor mundial de cobre, fue el país señalado como el de mayor cantidad de conflictos en materia de derechos humanos y laborales con empresas orientales.
En igual sentido, un grupo internacional de organizaciones no gubernamentales –entre las que se encuentran la suiza Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)- entregaron a un comité de la ONU un informe que dio cuenta de más de una decena de proyectos problemáticos en cuanto a la vulneración de derechos humanos ubicados en nueve países, entre estos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Seis de esos proyectos son mineros, cuatro son hidroeléctricas, dos de hidrocarburos y uno de alimentos.
En definitiva, el caso de Zijin-Liex en Fiambalá puede ser considerado en términos amplios como un “choque cultural”, pero sin embargo en el mundo de los negocios, y en particular de las inversiones extranjeras, hay reglas establecidas en la provincia que deben ser respetadas. Tanto en lo que respecta a los derechos y la dignidad de los trabajadores como a la autoridad de aplicación del proyecto minero.
De lo haga el Gobierno en esa dirección dependerá que el escandaloso conflicto en la planta de litio de 3Q quede como un episodio aislado, un malentendido producto del “choque cultural”, o bien como un inaceptable avasallamiento de la soberanía provincial en nombre del imperialismo rojo.
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