La investigación de las millonarias estafas de RT Inversiones tiene ritmos y criterios diferentes, muchas veces contrapuestos. Mientras la Fiscalía Federal se entusiasma con los hallazgos de propiedades y otros bienes del clan familiar de Edgardo Bulacio y otros imputados en la causa, el juez a cargo, Sebastián Argibay, deniega pedidos de embargo y libera activos sujetos a investigación. Si bien la Cámara Federal, que es la instancia superior, le ha dado la razón al equipo fiscal en varias ocasiones, la rectificación suele llegar demasiado tarde. Se trata, en definitiva, de una disputa burocrática que obstaculiza el proceso.
Al principio no era así. Cuando la financiera dejó de pagar a sus clientes, en febrero de 2022, empezaron a llover las demandas a la Justicia, tanto federal como provincial, y la causa se puso en marcha al mes siguiente. Pero el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, se inhibió de actuar por su amistad con Bulacio padre. Fue entonces que debió asumir la responsabilidad su par de Santiago del Estero, Argibay, el 7 de abril.
El 11 de mayo de 2022, Argibay ordenó la detención de los propietarios de RT Inversiones, Edgardo Edmundo y Edgardo Federico Bulacio, padre e hijo, más los gerentes Ariel Vergara y Matías Rolón Reynoso, por el delito de “intermediación financiera no autorizada agravada por el uso de publicidad”. Y en junio dictó los procesamientos para todos ellos, más Eduardo Antonio Navarro y Esteban Cabello. Una celeridad pocas veces vista en estos procesos complejos.
También fue alcanzada por la medida Alicia Estela Nieva, esposa de Bulacio y madre de “Edgardito”, aunque en su caso con prisión domiciliaria por razones de salud.
Al igual que el juez Contreras, el fiscal federal Santos Reynoso quedó afuera de la causa por amistad con Bulacio, pero además por ser familiar de uno de los imputados. De manera que al frente de la investigación del Ministerio Público Fiscal nacional quedó solo el fiscal Rafael Vehils Ruiz.
Por esos días comenzaron los allanamientos en las dos sedes de RT Inversiones de Rivadavia al 500, en plena “city” catamarqueña. El juez Argibay seguía los operativos de Gendarmería a metros del lugar, mientras atendía amablemente los requerimientos de la prensa en plena calle. No solo eso: también aceptaba ir a los estudios de radio y hablar sin tapujos de lo que podía expresar sin adelantar opinión.
Unos meses después, el magistrado desapareció del primer plano mediático. En cambio, empezaron a conocerse las divergencias respecto a las medidas adoptadas en la causa.
Acusación más amplia
La Cámara Federal le pidió al juez Argibay que vaya a fondo con la financiera y avance con los delitos de estafa, asociación ilícita y lavado de activos, por cuanto las maniobras descubiertas daban lugar a un giro en ese sentido en la causa. En verdad, la intermediación financiera ilegal era tal vez lo más leve de todo.
Y así se hizo. Argibay dispuso ampliar los procesamientos por estafa y lavados de activos para el clan familiar Bulacio, pero dictó la “falta de mérito” por el delito de asociación ilícita. A su modo de ver, “no existe elemento alguno que permita inferir que estamos frente a una organización que tenga por objeto cometer delitos en forma indeterminada de carácter permanente”.
Allí se dio la primera oposición. Para el fiscal Vehils Ruiz, el juez cayó en una clara “contradicción” al librar a los Bulacio y compañía del delito de asociación ilícita, ya que por otro lado admite en sus fundamentos que los acusados estaban “relacionados entre sí” y cumplían “determinados roles”.
Luego hubo otras disonancias procesales, que coincidieron con el proceso paralelo abierto en la Justicia Comercial de la Provincia por el remate de los bienes de la sociedad RT Inversiones.
Marchas y contramarchas
La última “disputa” de relevancia se dio en octubre de 2022, cuando el juez Argibay rechazó por “inadmisible” una medida cautelar pedida por el fiscal Vehils Ruiz para que se disponga “no innovar respecto de todos los bienes, efectos o dinero (pesos, dólares, monedas virtuales), obtenidos en el marco del presente proceso, resultado de los embargos y secuestros que se efectivizaron sobre ‘RT inversiones SRL’, sus integrantes y demás imputados”.
La medida de Argibay fue en el sentido de lo que había pedido el juzgado provincial a cargo de la quiebra de RT, para que se rechace la cautelar y se remitan a ese fuero todos los “bienes, efectos y dineros” existentes en la causa, a fin de proceder a su remate y que se reparta lo obtenido de las ventas entre los demandantes.
Pero para Vehils, tal pedido no podía ser aceptado por cuanto la medida cautelar de no innovar fue requerida con el “fin de asegurar, preservar y evitar la confusión de los bienes o fondos producto del delito investigado en este proceso penal y aquellos provenientes de la actividad comercial de los fallidos, lo que quiere decir inmovilizar dichos fondos y bienes y mantener sobre ellos el status quo jurídico actual”.
En otras palabras, si los bienes se liquidan en un remate se torna por demás complejo continuar la investigación del “lavado de activos” por el cual están procesados los Bulacio y, además, el propietario de los gimnasios Level Gym, Gonzalo Barone.
“La verdad que resulta muy difícil cumplir con las funciones y obligaciones de este Ministerio Público si tenemos que estar continuamente apelando resoluciones como esta”, se quejó Vehils Ruiz.
A continuación, el fiscal enumeró algunas de las principales apelaciones que hizo de medidas dictadas por Argibay:
- Devolución de dinero (dólares) a Miguel de la Orden, exdueño y gerente de RT Inversiones.
“Apelamos y la Cámara Federal nos dio la razón. Lamentablemente, cuando se requirió su restitución, el encartado ya había dispuesto de ella y se tuvo que aceptar un bien a embargo ofrecido por él”.
- Devolución de una motocicleta a Pablo Gabriel Terreno, dueño de una agencia privada de seguridad y procesado por lavado de activos.
“Apelamos y nuevamente la Cámara Federal nos dio la razón, y tuvo que requerirse la devolución de la motocicleta (cosa que hasta el presente no ocurrió)”.
- Restitución de rodados “de alto valor” a Rolón Reynoso.
“Apelamos y una vez más el superior tribunal hizo lugar al planteo y ordenó que sean restituidos al proceso”.
- Descongelamiento de cuentas virtuales.
“Recurrimos la medida, lo que también fue receptado por la Cámara de Apelaciones, entendiendo que había que preservar esos fondos”.
“La regla en materia de recuperación de dineros de lavado de activos es justamente buscarlos, encontrarlos y recuperarlos para luego ser destinados a devolver los fondos a las víctimas, la reparación de los daños ocasionados por el delito y combatir maniobras de crimen organizado, como es el lavado de activos. Y para ello se exige que los bienes habidos sean preservados, asegurados, mediante medidas procesales útiles, como las que hoy se reclaman”, argumentó Vehils Ruiz.
Al igual que sucedió con las apelaciones anteriores, la Cámara Federal aceptó el planteo del fiscal y le ordenó al juez Argibay que disponga no innovar sobre los bienes y el dinero detectado en RT Inversiones SRL, sus socios y demás involucrados en el proceso, para que no sean remitidos a la Justicia provincial hasta tanto se dicte sentencia.
Resta ver ahora si estas divergencias en el proceso se mantienen respecto a las propiedades halladas en Recoleta (CABA) y en España, que habrían sido adquiridas en los últimos tiempos por los involucrados, además de los sospechosos circuitos financieros con un frigorífico entrerriano y firmas cerealeras nacionales. Esa información puede ser consultada en esta columna de INFORAMA.
¿A qué se debe el cambio en el criterio de actuación del juez Argibay, que pasó del “vayan todos presos” a la devolución de dinero y bienes a los principales acusados?
Esa es una de las preguntas que se hacen los damnificados por las millonarias estafas piramidales de RT Inversiones.
Más Información
