Como si le faltaran manchas, la Justicia de Catamarca tiene pendiente de resolución un severo cuestionamiento contra la jueza Electoral y de Minas, Agustina Crook, quien en su primera actuación en una disputa sobre la propiedad de una mina de litio se hizo acreedora a una denuncia insoslayable, un pedido de apartamiento y hasta de remoción del cargo. El caso incomoda tanto a la Corte de Justicia como al poder político, que no encuentran argumentos para sostenerla a riesgo de caer en una torpe arbitrariedad.
El asunto en cuestión es uno de los tantos negocios que son habituales en el mundo de la minería:
- El ingeniero en Minas Fabián Bertetto obtuvo en 2009 la concesión de la mina de litio “Yergo”, ubicada en Tinogasta. En 2019, firmó un contrato de cesión de derechos a la empresa canadiense Portofino Resources Inc., el cual quedó inscripto en la Justicia de Minas de Catamarca.
- El contrato establecía que la firma extranjera podía ejercer la opción de compra de la propiedad, para lo cual debía notificar al concedente antes de los 6 meses de vencimiento del acuerdo. Como eso no ocurrió, Bertetto dio por concluido el contrato, tal como lo preveía la legislación vigente, y lo comunicó a la autoridad minera.
- En octubre de 2022, Bertetto firmó un nuevo contrato de cesión de derechos de “Yergo” a favor del empresario catamarqueño Pablo Garriga, mediante escritura pública en la que constaba que la propiedad no estaba inhibida ni embargada.
- El 19 de octubre de ese año, a las 8:00, Garriga se presentó con toda la documentación en el Ministerio de Minería y pidió que la propiedad sea inscripta con los cambios correspondientes.
- Pero el 25 del mismo mes, Bertetto fue notificado de una medida cautelar dictada por la Justicia de Minas, a pedido de la empresa Portofino, por la cual le prohíbe contratar sobre la propiedad minera “Yergo”. Esa fue la sentencia interlocutoria N°1/22 de la jueza Crook. Es decir, su debut oficial.
- El oficio por el cual la Justicia comunica la cautelar con la prohibición de contratar ingresó a Minería a las 8:05 del mismo 19 de octubre. O sea, apenas 5 minutos después del trámite realizado por Garriga. Es extraño que no se haya estado en la misma dependencia con el oficial de Justicia.
Bajo asedio
A partir de allí se desencadenó una secuencia de presentaciones legales por parte de la demandada. La defensa de Bertetto fue asumida por la abogada Azucena López.
Tres días después, el 28 de octubre, López interpuso un “recurso de reposición con apelación en subsidio” en contra de la medida cautelar. En primer lugar, alegó que la cautelar era “improcedente”, por cuanto se notificó con posterioridad al trámite administrativo del nuevo contrato. Para el caso, cinco minutos son suficientes.
Y entre otra documentación, adjuntó la escritura del contrato, un informe del escribano de minas Hernán Martínez Alzabé en el que consta que no existe opción de compra por parte de Portofino y la nota remitida a la autoridad minera para la registración del cambio de titularidad operado en Yergo.
Desde que la abogada López interpuso el recurso en contra de la cautelar hasta el 2 de febrero de 2023, la jueza Crook decretó un estado de secreto sobre el expediente y lo envió a la Corte para el sorteo de la cámara que debía abocarse. En ese periodo López jamás tuvo acceso.
Más aún, en lugar de resolver sobre la admisibilidad -o no- del recurso de la parte demandada, Crook accedió a otro pedido de la empresa extranjera de “ampliación” de la medida cautelar y el 17 de noviembre de 2022 dictó la sentencia interlocutoria 2/22. Y en ella, precisamente, “amplió” la cautelar oficiando al Ministerio de Minería para registre lo dispuesto a favor de Portofino.
López no fue notificada de la segunda sentencia, ni del pedido de ampliación de Portofino ni tampoco de otras medidas que adoptó Crook en el expediente. Para la representante de Bertetto, la jueza “desplegó una actividad en secreto o, como se dice en la jerga, entre gallos y medianoche”.
Porque disponer medidas en perjuicio de una parte sin correrle traslado es “negación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio”, según expresa en la denuncia que presentó ante la Corte de Justicia.
Aparte de eso, la defensora de Bertetto considera que Crook actuó en forma parcial a favor de Portofino al haber dictado dos sentencias sobre un mismo hecho, lo cual es inconcebible en términos procesales. “¿Qué tan poderoso será el compromiso con la parte actora para jugarse de esta forma, afectando toda la gestión minera provincial y la suya propia?”, se interroga López en su denuncia.
Puntualmente, López denunció a Crook por “desconocimiento de derecho, falsedad ideológica (Art 293 CP), retardo de justicia, denegación y privación de justicia, abuso de autoridad, parcialidad en la acción e incumplimiento de los deberes públicos de funcionario (Art. 248 C.)”.
Antes de eso había efectuado un par de pedidos de “pronto despacho”, que por cierto, no fueron respondidos.
Por todo ello, también le solicitó al responsable de la Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia, Carlos Brizuela, que remita las actuaciones a la Fiscalía Penal correspondiente a los efectos de que analice si cabe la acción penal contra Crook.
Del Senado a la Justicia
Agustina Crook tiene 37 años y se graduó como abogada en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre 2013 y 2019, ocupó tres cargos de asesoría legal en el Poder Ejecutivo provincial. También fue vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca.
En diciembre de 2019, fue designada por el vicegobernador Rubén Dusso como directora de Gestión e Informaciones Parlamentarias del Senado. Un año después, un colega suyo asumía como subsecretario de Coordinación y Técnica de la misma cámara: Laureano Ricardo Palacios, el fiscal que está a punto de afrontar un jury de enjuiciamiento por su triste actuación al frente de la investigación del crimen del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas.
Al igual que Palacios, Crook no llegó a la Justicia provincial merced a su capacidad y antecedentes, sino gracias a la expeditiva vía del decreto del Poder Ejecutivo. Fue porque el concurso convocado por la Comisión Evaluadora que sustituyó al Consejo de la Magistratura lo declaró desierto, con lo cual el Ejecutivo echó mano a su facultad de designar su criterio.
En julio de 2022, el Ejecutivo mandó el pliego de Crook como jueza de Electoral y Minas a la Cámara alta, la “escribanía” del Gobierno. Menos objeciones tendría la aspirante a Juez si había salido del entorno de Dusso, el jefe del Senado. Juró en el cargo en agosto de siguiente.
Días decisivos
Mientras tanto, Portofino Resources celebra la decisión de la jueza Crook en perjuicio de Bertetto por la mina de litio Yergo.
Un comunicado difundido por la empresa el 20 de octubre pasado en Vancouver, Canadá, afirma que la sentencia que hizo lugar a la cautelar indica que “los argumentos y la pretensión de Portofino tienen fundamento razonable en el derecho argentino”
Para David Tafel, director ejecutivo de la compañía, la presentación legal demostró que “Portofino trabajó diligentemente y de buena fe para explorar, financiar y avanzar en el Proyecto Yergo con el pleno apoyo de Bertetto”.
Y en un cierre inquietante para la declamada independencia del Poder Judicial, el directivo se atrevió a ir más lejos: “Anticipamos fallos judiciales adicionales en el corto plazo”. El texto original en inglés dice literalmente “Court rulings”, es decir fallos o resoluciones judiciales. No debería ser un problema del traductor que usa la web de la empresa.
Por lo pronto, la decisión de la Corte de Justicia sobre el debut de la jueza de Minas está pendiente. Hace dos semanas, Crook se declaró “incompetente” en la causa que la tiene denunciada y remitió las actuaciones a la mesa de entradas de la Justicia para que sean giradas a un juzgado civil.
A criterio de abogados siguen la causa, la decisión de Crook de apartarse, luego de haber sentenciado por duplicado y otras actuaciones, representa una suerte de “manotazo de ahogado”, un intento por salir de una escena que la tiene como única protagonista.
La Secretaría de Sumarios de la Corte solicitó un informe del trámite de la causa y copia de las sentencias. Una vez que estudien el asunto se decidirá si corresponde un llamado de atención, una sanción o la apertura de un sumario.
Por lo visto hasta acá, ni la Corte ni el Ejecutivo piensan en un jury a la jueza Crook, más aún si todavía sigue pendiente el del fiscal Palacios por el caso Rojas. Aparte, es ella quien deberá hacerse cargo del proceso electoral provincial que se pondrá en marcha esta semana.
Lo que el Gobierno no puede omitir es el mensaje que la Provincia da al mundo de la minería en pleno auge del litio: una Justicia inexperta, sospechada de parcialidad y que no garantiza la seguridad jurídica. Un combo atroz.
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