La estadística es escalofriante, pero a la vez inútil. En las últimas tres décadas murieron casi treinta personas en el denominado “Canal de la muerte”, es decir, a razón de una por año. La mayoría de las víctimas fueron menores de corta edad. El jueves pasado la tragedia enlutó a una familia de Valle Viejo: un bebé de 10 meses cayó al agua y se ahogó. El canal se encuentra a metros de esa y otras cientos de viviendas construidas a lo largo de varios kilómetros. La seguridad de esta gente no es una prioridad para el Estado.
El canal fue construido en los ’60 exclusivamente para riego de los productores agrícolas. Comienza en el dique Las Pirquitas, en Fray Mamerto Esquiú, atraviesa todo Valle Viejo, parte de Capital y termina en Capayán. La extensión total es de 38 kilómetros, de los cuales 5 representan el tramo más complicado por el crecimiento urbano desordenado y sin control en Valle Viejo.
A raíz de las muertes que se venían produciendo, la Provincia inició en 2007 el cerramiento del canal con planchas de hormigón. El plan preveía tapar precisamente los 5.000 metros más riesgosos, una obra que concluiría en 2012. Pero solo se hicieron 600 metros entre el barrio Virgen del Valle, al sur de la Capital, y el tramo que va desde el sifón del río del Valle hasta el de la ruta nacional 38. Es decir, apenas se cubrió un 12% del sector peligroso.
Hasta 2015 habían muerto 23 personas ahogadas en el canal, de las cuales 20 eran niños. Con el caso del jueves, las víctimas llegarían a 26. Se trata de una estadística reciente y no muy rigurosa: hubo más muertes antes de que la Policía y los medios empezaran a construir sus bases de datos. De cualquier modo, son más que suficientes para que las autoridades tomen decisiones.
Entre muchos e interesantes aportes técnicos y académicos locales realizados respecto al uso de los recursos hídricos, en octubre de 2016 el INTA Catamarca presentó a funcionarios municipales y productores un trabajo sobre la modernización de las redes de riego en los distritos tradicionales de la provincia.
Allí el organismo analizó que “la conducción y distribución del agua de riego en las chacras del Gran Catamarca se ha complicado en los últimos años debido al avance de la urbanización. El uso de canales como resumideros, el abandono de muchos terrenos agrícolas aprovechables para microemprendimientos y el corte del riego a parcelas aisladas son algunos de los principales problemas. La consecuencia es la pérdida de la tradición agrícola chacarera y de fuentes de ingreso genuinas”.
Y como propuesta expuso los “avances en la implementación y experiencia en redes de riego entubadas que se han puesto en marcha en otras localidades de la provincia en reemplazo de las acequias a cielo abierto. Estos sistemas tienen la ventaja de terminar con el uso de los acueductos como resumideros en las zonas urbanas”.
Por cierto, el INTA abordó el tema desde el punto de vista específico de la producción. La seguridad de las familias asentadas en los márgenes del canal y “usuarias” de sus aguas en los desesperantes días de calor es algo que compete al ámbito político: gobierno y municipios.
Sin embargo, en la puntual solución hídrica es posible vislumbrar una alternativa para la preservación de la vida en la comunidad asentada a la vera del canal a cielo abierto.
Promesas para la tribuna
La solución “definitiva” para que el “Canal de la muerte” deje de mencionarse como tal tuvo varios compromisos oficiales fallidos. El último fue en octubre de 2020, cuando el gobernador Raúl Jalil y el entonces ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, visitaron a la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, y anunciaron el “encauzamiento, tapamiento y mejoras” en el canal que atraviesa el departamento.
Antes que eso, en 2018, el entonces intendente radical Gustavo “Gallo” Jalile había presentado un plan para el entubamiento del canal desde la ruta provincial 1, a la altura de Polcos, hasta el empalme con la avenida de Circunvalación, el cual también preveía la iluminación. Eso sí, Jalile dijo que tal obra se llevaría a cabo si la Nación lo asistía con fondos, lo que nunca ocurrió.
Su predecesora en la comuna, la peronista Natalia Soria, firmó un convenio con la Secretaría de Ambiente de la Provincia para hacer realidad una ordenanza para construir puentes peatonales con barandas de seguridad y, además, concientizar sobre el peligro de meterse al canal.
Es decir, el perfil político de los gobiernos no gravitó en nada. Ni peronistas ni radicales pueden arrojar la primera piedra. Ninguno está en condiciones de acusar al otro. Ninguno tiene autoridad moral para desentenderse de la responsabilidad con los vecinos ribereños.
De todo lo que se prometió, se hizo muy poco. No solo quedó inconcluso el cerramiento, sino que además tampoco se levantaron vallados perimetrales. El Estado, llámese Provincia o municipios, tampoco puso límites a las construcciones ilegales e improvisadas en los márgenes; no destinó viviendas sociales para las familias asentadas en esa zona. En definitiva, el canal sigue siendo tan mortal como hace 60 años.
Es entonces cuando surge el interrogante sobre el criterio de priorización de la obra pública. Por caso, ¿es más urgente construir una decena de hospitales en el interior, cuando existe un déficit notorio de médicos y otros profesionales de la salud fuera del Valle central y los pacientes graves son trasladados invariablemente a la Capital, que hacer de una vez algo con un canal de riego que se cobra vidas todos los años? Quizá sea porque se trata de una obra sin atractivos para las contrataciones cartelizadas al amparo del Gobierno.
“En el municipio nos prometieron que iban a tapar o poner zaranda y nunca aparecieron. Solo vienen cuando hay elecciones”, resumió Fernando Zárate, con la voz entrecortada por la tragedia de su sobrino Noah, el bebé ahogado a la altura de Las Tolderías, Valle Viejo. El testimonio del joven confirma, una vez más, el nulo valor de la promesa política. Peor aún, ratifica que la vida vale muy poco para la política.
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