La provincia de Catamarca se encuentra al tope en la región NOA respecto a la cantidad de recursos que destina al sostenimiento de su Poder Legislativo. Y está en el 10° lugar en el ranking nacional, varias veces por encima de provincias con mayor cantidad de habitantes. Otro dato: figura entre las cuatro que más incrementó el presupuesto legislativo entre 2021 y 2022. La desmesurada asignación presupuestaria del Gobierno provincial para mantener esa estructura es ya una praxis crónica.
El presupuesto de gastos y recursos de 2022 para el Poder Legislativo fue de $5.715.712.193 ($3.500.707.193para Diputados y $2.215.005.000 para el Senado), mientras que el Poder Judicial recibió partidas por $8.280.293.527. Hay 41 diputados y 16 senadores, es decir, 57 en total.
Esto significa que cada uno de los legisladores provinciales representó un gasto anual total de $100.275.653 para el erario el año pasado. Para 2023, el presupuesto legislativo será de $8.505 millones y, por lo tanto, cada legislador le costará a la Provincia casi $150 millones.
La comparación con las dos provincias que completan el Noroeste Argentino es muy desfavorable para Catamarca. Por caso, Salta cuenta con 83 legisladores, pero el presupuesto 2022 para sostenerlos fue de 5.265 millones de pesos. Y Jujuy destinó 2.400 millones de pesos para el mismo fin, y encima tiene 48 legisladores. Ambas jurisdicciones, por cierto, cuentan con mayor población que Catamarca.
Los datos presupuestarios de 2022 fueron analizados en un informe de la Fundación Libertad, que busca conocer cuánto gastan las provincias para el funcionamiento de sus legislaturas. Según precisó, el gasto promedio es de $108 millones anuales o $ 9 millones mensuales por banca legislativa. El mayor desembolso lo observó en Tucumán, con $274 millones anuales, mientras que el menor fue el de Santiago del Estero, con $14 millones. “Para el total de provincias, el presupuesto para mantener la estructura legislativa asciende a $125.726 millones”, indica el informe.
Unas y otras
De este modo, un legislador tucumano cuesta 5,5 veces más que uno jujeño, lo que es realmente abismal considerando que ambas jurisdicciones tienen casi la misma cantidad de bancas.
Pero más impactante es la comparación entre Catamarca y San Luis, ya que la primera quintuplica el gasto por legislador de la segunda. Y septuplica el de Santiago del Estero.
Mayor dimensión cobra tal disparidad si se tiene en cuenta la población de unas y otras. A saber, mientras San Luis cuenta con 540.905 habitantes (Censo 2022) y Santiago del Estero 1.054.028, Catamarca registra 429.556 personas, pero tiene más legisladores que esas provincias: 57 contra 52 y 40 respectivamente.
La Fundación Libertad añade algo que es de común conocimiento: “Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina a personal, no solo considerando el sueldo de los legisladores, sino también secretarias, asesores y demás empleados permanentes y transitorios”.
A continuación precisa que el promedio nacional de trabajadores por cada legislador es 25. Y en este punto otra vez Catamarca aparece con una mala nota, ya que cuenta con 54 empleados por cada legislador, mientras que en el otro extremo están Mendoza (12), Entre Ríos (8) y Córdoba (7). Es decir, hasta el año pasado la Legislatura local contaba con más de 3.000 empleados.
De manera tal que lo que más incide en el gasto legislativo en Catamarca no es el monto de la dieta de cada diputado y senador, sino la cantidad de personal de las cámaras. Dicho en otros términos, la Legislatura sigue siendo la bolsa de trabajo por excelencia de la política. ¿Cuántos trabajadores necesita el Poder Legislativo para funcionar? Por cuerda aparte corre el análisis acerca de la calidad institucional de esta Legislatura.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a fines de la década anterior para reformar parcialmente la Constitución de la Provincia incluía la eliminación del sistema bicameral y la creación de una única cámara legislativa, como tienen otras provincias argentinas. Sin embargo, la falta de consenso político en torno a la enmienda constitucional impidió que la iniciativa se debata en el recinto y en el ámbito político en general.
Por lo pronto, que cada legislador les cueste a los catamarqueños 150 millones de pesos al año representa el gasto político más ineficiente del Estado provincial.