Una máxima de los especialistas en clima indica que los desastres naturales no pueden evitarse, pero sí prevenirse. Por eso, la disciplina habla de la imprescindible gestión del riesgo de catástrofes que deben tener los gobiernos. Es invalorable lo mucho que sirve estar preparados para proteger vidas humanas y atenuar daños materiales. Pero esto exige, antes que nada, tener consciencia de que se habita en una zona de riesgo natural y de los efectos del cambio climático en la región para luego actuar en consecuencia.
Un artículo de la revista Circle -que edita la organización medioambiental Ecoembes- afirma que los desastres naturales se han cuadruplicado en los últimos 40 años. Huracanes, incendios, tsunamis, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, deforestación extrema y avalanchas son algunos de los eventos que han dejado alrededor de 50 mil víctimas anuales, de acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, Alemania. “Aunque la respuesta impotente de la naturaleza ante los efectos del cambio climático parece imprevisible e ingobernable, la tecnología se erige como un contundente aliado”, sostiene la publicación.
La ONU precisó que desde 2000 a la fecha, unas 152 millones de personas han sido afectadas por más de 1.200 catástrofes naturales, incluyendo inundaciones, huracanes, terremotos, sequías, aludes, deslaves, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos.
América Latina es una región comprobadamente afectada por este tipo de desastres naturales. Por caso, en 2013 en Buenos Aires llovió en un solo día el 10 por ciento del acumulado histórico del año, lo que causó grandes inundaciones y destrozos.
El 23 enero de 2014, se produjo en Catamarca una tragedia sin precedentes: la crecida del río Ambato, en El Rodeo, se cobró 12 vidas. Fue un alud impresionante de agua, lodo y piedras que arrasó casas y la mitad de una hostería a la vera del río. Al margen de las responsabilidades políticas que se ventilaron en la causa contra gobernantes y funcionarios técnicos por la construcción de un puente que habría actuado como dique de contención del cauce, lo que quedó claro es que nadie estuvo advertido de semejante fenómeno.
Del otro lado del mismo cordón montañoso, en Siján (Pomán), también esa noche un alud de barro arruinó viviendas, cosechas e inutilizó el suelo para nuevas plantaciones -como la vid- en los siguientes tres años. Por fortuna, no hubo víctimas fatales.
Después de la tragedia, el Gobierno se comprometió a instalar un sistema de alertas tempranas en el Ambato y otros ríos montañosos que suelen aumentar su caudal en temporada de lluvias. Según información oficial, el sistema se puso efectivamente en marcha. Pero desde entonces, hace ya nueve años, nunca se supo nada acerca de su funcionamiento.
En el Valle central ocurre algo más. Las crecidas en el río El Tala no solo son habituales en verano sino que además parecen no dejar enseñanzas. En el último lustro, murieron tres personas ahogadas a pocos kilómetros de la ciudad. La última víctima fue una niña de 5 años, el pasado 8 de enero. Las advertencias oficiales sobre el peligro de ir al río crecido son más bien tímidas y aisladas, es decir, inexistentes. No hay una campaña sostenida en tal sentido, ni menos aún controles en la zona.
A esta altura, la subestimación de la furia de la naturaleza en Catamarca se asemeja demasiado a la irresponsabilidad. La gestión del riesgo es, sin dudas, una asignatura pendiente en el Estado.
30 minutos
El pasado martes 17 fue un día de calor moderado en San Fernando del Valle, con una máxima de 35°. El pronóstico indicaba que existía hasta 40% de probabilidades de lluvia en la noche o bien ya en la madrugada del miércoles. Es decir, nada de qué preocuparse en un período habitualmente húmedo.
Poco después de las 19 de ese día empezaron a circular imágenes impactantes de la tormenta de lluvia y granizo desatada en Siján; una pequeña finca mostraba cientos de frutas verdes sobre la tierra. Testimonios de habitantes del lugar daban cuenta de la desolación que vivían por las pérdidas.
A las 21, el cielo ennegrecido comenzó a agitarse sobre la Capital y el viento era cada vez más fuerte. Relámpagos y truenos. Ruidos de objetos que impactaban en puertas, ventanas y techos. Corridas de peatones y maniobras bruscas de automovilistas y motociclistas. En apenas 30 minutos, el cielo se vino abajo. Las ráfagas superaban los 100 km/h. Las calles y más aún las avenidas de sentido Oeste-Este eran verdaderos ríos. Motos y algunos autos eran arrastrados como cáscaras. Y sobrevino, por supuesto, el apagón general.
Y así como llegó se fue. Lo que se vio a partir de allí fue el desastre total: árboles gigantes arrancados de raíz y caídos sobre techos y vehículos; otros cayeron sobre los tendidos de energía de media tensión y también se vinieron abajo postes de alumbrado de madera. Una pareja se salvó de milagro de no morir aplastada bajo una columna de hormigón. Numerosas viviendas quedaron anegadas.
Un informe preliminar de la EC Sapem al día siguiente indicaba que solo en Capital habían caído 157 postes de media tensión, 262 postes de baja tensión y 21 transformadores quedaron severamente dañados. Tres días más tarde, una veintena de barrios continuaban sin luz y los vecinos protestaban en las calles.
Y, como era de prever, si había problemas con la energía también los habría con el agua de red, ya que, según admitió Aguas de Catamarca, el 90% de sus equipos en los pozos de bombeo depende de la provisión de electricidad.
Haya sido un tornado escala 2 o una “micro ráfaga descendente”, según debaten los especialistas, lo cierto es que fue una tormenta perfecta para una provincia huérfana de recursos técnicos para prevenir a la población.
Déficit clave
Al día siguiente del fenómeno, se conformó un Comité Operativo de Emergencia (COE) en el Gobierno con el objeto de evaluar los daños y diagramar el plan de restauración de los servicios y asistencia a las personas afectadas. Y allí también se resolvió pedir explicaciones al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la falta de información oportuna para prepararse frente a un evento de estas características.
En ese sentido, la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, y el director de Defensa Civil fundamentaron la decisión por el hecho de que efectivamente se sabía de una alerta con alta probabilidad de lluvia, pero regía recién para las 3 de la madrugada del miércoles y hasta las 11 de ese día.
Es verdad que la primera responsabilidad corresponde al SMN, porque es un organismo que centraliza la información de todo el país y cuenta -se supone- con los recursos técnicos necesarios para alertar a la población.
Sin embargo, la Provincia debería hacer algo por su cuenta para no depender tanto del organismo nacional.
Existen, por cierto, sistemas tecnológicos básicos como drones, fibra óptica e inteligencia artificial que permiten anticipar y monitorizar los desastres naturales para tomar medidas de prevención a tiempo.
El martes último, la gente en Pomán y San Fernando del Valle estuvo a las buenas de Dios frente a una tormenta que pudo haber tenido consecuencias más graves, incluso hasta pérdidas humanas.
Más que pensar en un nuevo feriado provincial por la acción milagrosa del manto de la Virgen del Valle, como el del 7 de septiembre por el terremoto de 2004, el Gobierno debería gestionar el riesgo de catástrofes con recursos técnicos y humanos que permitan actuar en tiempo y forma.
La Morena del Valle ya hizo demasiado por la vida de los catamarqueños.
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