Catamarca agiganta su paradoja. Se declara esencialmente minera, instituye orgullosa que la minería es “política de Estado”, ha construido algunas de sus obras más emblemáticas con fondos de la minería, crea fideicomisos millonarios en sociedad con empresas del sector, su universidad forma profesionales de la minería, más de un millar y medio de sus puestos de trabajo mejor pagos son mineros y hasta se dio el lujo de poner al frente del máximo organismo minero de la Nación a una catamarqueña surgida del gabinete provincial. Sin embargo, cede a las presiones violentas de los defensores de la antiminería. Peor aún, celebra y reconoce a sus fundamentalistas. Y hasta acepta sin chistar que aseguren en su más alto ámbito educativo que Catamarca es apenas “una cantera”, “una cosa”, para las grandes corporaciones mineras extranjeras, a las que les “entrega su paisaje”.
Tales son las contradicciones de una provincia que figura entre las cinco del país con mayores beneficios directos de la minería, pero no se atreve a defenderla de sus detractores. Tampoco lo hace la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), una de las pocas que forma ingenieros en Minas y geólogos, pero a la vez se presta como tribuna de los ideólogos de la antiminería y los distingue con su mayor diploma.
En efecto, esta semana la UNCA festejó medio siglo de vida y para la ocasión tuvo como protagonista estelar a Rita Segato, antropóloga, escritora y activista feminista argentina que hoy reside entre Brasilia y Tilcara, a quien el rector de la UNCA, Oscar Arellano, reconoció con el título Doctora Honoris Causa, el más elevado galardón que otorgan las universidades a personalidades que se destacan en determinadas áreas de investigación.
Parecía un gran sinsentido. Porque Segato dirigió su disertación a defenestrar tanto el “extractivismo”, es decir, básicamente la minería metalífera, como a la propia universidad anfitriona que la estaba premiando. Aunque tuvo una interesante platea: como se realizaba simultáneamente el Congreso de Humanidades, la facultad de matrícula más numerosa de la UNCA, el discurso fue como música para los oídos de los docentes y alumnos que adoran esos cuestionamientos "progre” contra las multinacionales mineras, pero se niegan a reconocer que no tendrían energía sin cobre ni celulares en la mano si no fuera por la minería.
Segato cuestionó que las empresas mineras consideren a los pueblos como algo equivalente a “una cantera, nos ven como una cosa y nos dicen que somos cosa”, afirmó; que intenten “borrar el paisaje” para decirles que “solo así se encuentran los medios para sobrevivir”. Incluso se atrevió a acusar a la misma UNCA de “pactar con los desmoronadores de su paisaje, aquellos que les secuestran sus ríos, aguadas, surgentes y ojitos de agua”.
El discurso de Segato abundó en reduccionismos, generalizaciones y simplificaciones. Algo previsible y lógico en su estructura ideológica. Por caso, aseveró que en el sur del país, donde antes había petróleo “hoy hay exceso de taxistas y kiosqueros”. ¿Desconoce que la Patagonia tiene el mayor índice de desarrollo humano de Argentina y posee un PBI per cápita de 24.049 dólares?
Afirmó algo más grave todavía. Enmarcó el horrendo crimen de María Soledad Morales (en 1990) en esa concepción “extractivista” que considera a las personas como “cosas” y que “enseña a mirar de la misma forma el cuerpo de las mujeres”. “No hay mina sin prostitución y sin trata”, aseguró. Una sentencia tan audaz como ofensiva.
¿Habrá investigado la realidad social en las comunidades mineras del Oeste catamarqueño para llegar a tan taxativa conclusión? ¿Qué opinarán las mujeres de Andalgalá, Belén y Santa María? ¿Por qué la Justicia Federal no se ocupa de investigar la trata en los círculos mineros antes que en el narcotráfico, la pobreza y la exclusión?
Existen centenares de mujeres argentinas que, en efecto, viven de la minería. Pero no por prostituirse, sino porque son geólogas, técnicas en exploración y prospección, operan máquinas pesadas, son traductoras, sociólogas, nutricionistas y asistentes sociales. Hasta conducen esos camiones gigantescos.
Hipocresías
En el salón mayor de la universidad, en representación del Poder Ejecutivo provincial, estaba el vicegobernador Rubén Dusso, quien al término del acto saludó a Segato como si se tratara de una prominente enviada del Gobierno nacional. La política se nutre de esas hipocresías.
¿Cuál es el rédito que obtiene el Gobierno de Catamarca al respaldar una filípica antiminera? ¿Creerá que puede ganarse la simpatía de los “anti” mientras sigue adelante con la actividad que estos aborrecen?
El comportamiento del oficialismo provincial en general en esta cuestión es confuso. Por un lado, embolsa recursos de regalías, canon y aportes económicos varios de las empresas mineras, pero es incapaz de defender la minería como lo hace su par de San Juan, donde la antiminería no alcanza a poner trabas a la actividad. La minería en esa provincia es verdaderamente una política de Estado.
En números concretos, el 87% de las exportaciones de Catamarca son de origen minero. La minería metalífera paga los salarios más altos del país, del orden de $313.000 mensuales en promedio. En total, todo el sector minero ocupaba hasta diciembre de 2021 a unos 1.700 trabajadores, lo que se eleva al triple si se consideran los empleos indirectos en la cadena de proveedores.
Sin embargo, la minería es un socio vergonzante del Gobierno, de esos que se necesitan pero no hay que mostrar. Los legisladores oficialistas prefieren no hablar del tema, ni siquiera fueron contundentes cuando los “anti” incendiaron las oficinas de Agua Rica y la propia sede del PJ en Andalgalá, en abril de 2021. Menos aún cuando el intendente de esa ciudad, el radical Eduardo Córdoba, acusó en agosto pasado al gobernador Raúl Jalil de ser “cómplice de la violencia” por parte del grupo prominero que impedía los bloqueos de los “anti”. En realidad, a los diputados del Frente de Todos les cuesta demasiado defender a Jalil de lo que sea.
Y los legisladores de la actual oposición, los mismos que en la administración del Frente Cívico aplaudían las obras construidas con la renta minera, ahora se ponen del lado de los que dicen “no a la minería”. Fieles adherentes al teorema de Baglini: cuanto más lejos del poder, más irresponsabilidad política.
Tan inhóspito como cualquier cerro donde está la riqueza enterrada es el terreno político donde debe moverse la minería en la provincia.