Una jornada de protesta unificada se desplegó este miércoles en la Plazoleta de la Bandera, donde parte del movimiento MST y colectivos de jubilados autoconvocados alzaron su voz contra las medidas del Gobierno Nacional. La movilización, desarrollada bajo un cielo nublado y una leve llovizna, visibilizó el profundo malestar social generado por la suspensión definitiva del programa Volver al Trabajo, un paliativo económico que rondaba los 78.000 a 87.000 pesos mensuales destinado a los sectores de más bajos recursos.
La dirigente social Alejandra Figueroa denunció que la resolución judicial reciente terminó favoreciendo la postura del Ejecutivo nacional en detrimento de la contención social. Tras un recurso de amparo presentado por las organizaciones que había logrado prorrogar el pago durante los últimos tres meses, la Justicia finalmente avaló la baja del beneficio. La referente cuestionó la contradicción en los fallos y desestimó el argumento del equilibrio fiscal, remarcando que se trata de un gasto insignificante para el Producto Bruto Interno del país pero crucial para la subsistencia de las familias vulnerables.
En el ámbito local, la cancelación del programa deja sin asistencia directa a un universo de aproximadamente 960 familias catamarqueñas, mientras que a nivel nacional afecta a cerca de un millón de beneficiarios. Según explicaron los manifestantes, gran parte de este grupo realiza tareas operativas y comunitarias en comedores y merenderos de barrios populares, garantizando la asistencia alimentaria a infancias y adultos mayores en espacios donde el Estado nacional ha retirado su presencia.
La protesta en la capital provincial formó parte de una jornada de lucha federal en la que se cruzaron los reclamos del sector social y los jubilados. Durante la marcha, que se repite de manera ininterrumpida cada miércoles desde hace más de un año, las organizaciones denunciaron los sucesivos recortes en salud, educación y asistencia social. Asimismo, los manifestantes expresaron su indignación ante la disparidad entre la quita de estas ayudas básicas y los elevados ingresos que perciben las autoridades y legisladores nacionales.