La designación de la diputada Verónica Vallejos como presidenta y de Natalia Herrera como vicepresidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de Catamarca desató una fuerte controversia institucional. Aunque la entrega de esta cartera legislativa respondió a un acuerdo de distribución tradicional para la oposición, diversos sectores sociales encendieron las alarmas debido a la extrema sensibilidad del ámbito, enfocado en la protección integral, la violencia y los derechos humanos. Gabriela Nieva Larcher, referente de la Red de Infancia Robada en la provincia, definió este movimiento no como un hecho fortuito, sino como parte de una "constelación de hechos polÃticos" que se dan en el contexto de una denominada batalla cultural orientada a menoscabar las garantÃas de las mujeres y las infancias.
El eje central de los cuestionamientos radica en el perfil polÃtico e ideológico de Vallejos, señalada públicamente por su abierta relación de afinidad con la comunidad del "Maestro Amor", lÃder condenado por múltiples abusos sexuales contra menores. Para la red protectora de derechos, resulta alarmante otorgar poder de decisión en una comisión de esta naturaleza a una representante con ese historial de cercanÃa a un abusador, describiendo la lógica de los bloques parlamentarios como un peligroso tejido de redes de poder que vulnera a los sectores vulnerables. Esta preocupación se intensifica ante el avance de otros procesos nacionales conexos, como el debate de proyectos de ley sobre "falsas denuncias", diseñados, según Larcher, para deslegitimar los reclamos y restar peso jurÃdico a las causas por violencia intrafamiliar o abusos en la niñez.
La polémica abre un severo interrogante sobre el destino de un proyecto de ley clave contra la violencia sexual desarrollado de forma colectiva durante todo el año pasado. La iniciativa de acompañamiento solidario y asistencia a vÃctimas y sobrevivientes, elaborada en consonancia con redes de organizaciones de todo el paÃs, estaba destinada a ser evaluada en este recinto legislativo provincial. Ante la posibilidad de que la propuesta sea cajoneada por una conducción parlamentaria en cuya mentalidad polÃtica estos enfoques pro-derechos "no tienen cabida", Larcher ratificó que no declinarán su compromiso y que la presentación se realizará de igual modo, trasladando al Estado la responsabilidad institucional e histórica ante un eventual rechazo o falta de tratamiento.
Finalmente, las agrupaciones manifestaron su inquietud frente a la militancia activa de Vallejos en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un factor crÃtico en debates de salud reproductiva que atañen a las adolescentes de la región. Al respecto, la referente eludió juzgar al cuerpo de diputados en su conjunto, pero llamó a mantener una extrema vigilancia ciudadana sobre el tenor y la orientación de los dictámenes y propuestas que emanen del seno de la comisión. Frente a este adverso escenario institucional, desde Infancia Robada recordaron que la perspectiva de género y la perspectiva de niñez son ramas obligatorias dictadas por tratados internacionales, por lo cual cualquier iniciativa o dictamen parlamentario que intente socavar estas lÃneas jurÃdicas fundamentales será catalogado técnicamente de anticonstitucional e inconvencional.
