Daiana y Alejandra, exempleadas de Textilcom y Mom Sport hablaron con TVEO acerca del panorama laboral actual y aseguraron que Mom Sports figura en Buenos Aires como un tallerista. “No es una empresa, está en negro”, indicaron.
“Unas compañeras fueron al gremio SOIVA para averiguar si podían denunciar a Mom Sports (…) y les dijeron que mucho no se puede hacer porque es una empresa fantasma. Además averiguamos que en Buenos Aires hay mucha gente que trabaja en negro en la fábrica de Mom Sports de allí”, revelaron.
Sobre el subsidio que se le pagaba a la empresa, las trabajadoras dijeron que habían solicitado que vaya directamente a los empleados, pero les dijeron que los $450.000 serían transferidos a las empresas que los tomaran, pero “hasta hoy esa promesa está sin cumplir”.
Explicaron que el Gobierno prometió reubicarlos, pero hasta ahora sólo cumplieron con 15 personas, “chicos jóvenes la mayoría”, y quedaron más de 130 sin trabajo.
“Ahora estamos todos en una situación muy problemática porque hay chicos que no tienen qué darle de comer a su gente. Y todos los días van caminando hacia el CAPE a buscar una solución y nadie les da una respuesta, solamente los atienden los secretarios de tal funcionario, hasta llegaron a pedir una ayuda por la situación que están pasando”, remarcaron.
Comentaron que Mom Sports les adeuda el pago de haberes por 3 meses desde fines de enero, vacaciones y adelanto de las vacaciones, además de la indemnización que les corresponde por Textilcom.
Con respecto a las maquinarias sobre las que pesaba un embargo, tuvieron que sacarlas del lugar porque, según relataron, el Gobierno dijo que necesitaba el predio. Lograron trasladarlas a otro sitio, pero ahora esperan la autorización para sacarlas.
“Las máquinas hoy en día se encuentran tiradas afuera del predio, llenándose de tierra, con sol y lluvia y son máquinas muy costosas", manifestaron.
Hasta hoy Jorge Vilariño, dueño de la exTextilcom, jamás se comunicó con ellos y consideran que no tiene interés de pagarles, por lo que entienden que la única garantía que les queda son las máquinas. Entonces, toman como una “mala intención del Gobierno sacarlas del predio para que se arruinen”.
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