Dos documentos internos del Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca, a los que accedió INFORAMA, exponen el estilo de conducción de la ministra Verónica Soria: protocolos que centralizan cada decisión en la cúpula ministerial, restringen la circulación de personas ajenas al sistema y prohíben a directivos y docentes hablar con la prensa bajo amenaza de sanción.
El primero tiene fecha 19 de mayo, fue dirigida a trece funcionarios del Ministerio de Educación y Trabajo -entre ellos directoras de nivel primario, inicial y secundario, y la propia titular de la cartera- con la instrucción de que su contenido se replique "por su intermedio" a los equipos de supervisión y a los equipos directivos de todas las unidades escolares de la provincia. Está firmada por Analía Elizabeth Valcalda (secretaria de Gestión Educativa) y Natalia Arroyo Pacheco (subsecretaria de Formación para el Trabajo e Inclusión Laboral), ambas dependientes del ministerio que conduce Soria.
El documento se presenta bajo el título de "disposiciones generales de seguridad" e invoca la Ley Provincial de Educación N° 5.381, la Ley Nacional N° 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes y un protocolo provincial de actuación ante "situaciones complejas". Pero buena parte de su contenido excede lo estrictamente sanitario o de seguridad edilicia para adentrarse en un régimen de control minucioso sobre quién puede pisar una escuela y en qué condiciones.
El punto 1 establece que "el ingreso y la circulación interna quedan reservados exclusivamente a estudiantes, padres o tutores, docentes, personal administrativo, equipo directivo y personal jerárquico del Ministerio de Educación y Trabajo". Toda persona ajena a esa nómina -incluidos proveedores, técnicos o inspectores de otros organismos- necesita autorización escrita previa de la autoridad del nivel educativo correspondiente, autorización que el texto define como "condición excluyente" para poder ingresar.
No hay, por cierto, ninguna mención a legisladores ni a un mecanismo específico para que ejerzan tareas de control institucional dentro de los establecimientos públicos.
Luego dispone que todos las escuelas deben mantener “cerradas” con llave las puertas y portones de acceso durante el horario de clases, con personal designado para custodiar esa consigna. Ante una emergencia que impida el ingreso del personal responsable, el protocolo indica notificar a la Supervisión Pedagógica y esperar que se coordine una "apertura supervisada". Es decir, ni siquiera en una contingencia queda margen para que la escuela resuelva la situación por su cuenta.
Cualquier persona externa autorizada a ingresar -padres, proveedores, técnicos, inspectores. debe anotarse en un "libro de firmas institucional" consignando nombre, DNI, organismo de procedencia, motivo específico de la visita y horarios de ingreso y egreso.
Además, exige que, ante cualquier "situación compleja", las autoridades educativas labren un acta institucional "de forma inmediata y clara" y eleven un informe a la Supervisión Pedagógica y a la Dirección Provincial de Nivel dentro de un plazo que no exceda las 24 horas hábiles. En caso de incumplimiento, "la omisión intencional o la inobservancia flagrante" de las pautas de la circular constituye una falta que habilita "la aplicación inmediata del régimen disciplinario y las sanciones administrativas previstas para los funcionarios públicos". Es decir, un director que no cumpla al pie de la letra este protocolo de acceso y registro queda expuesto a un sumario.
Guión único
La circular N° 04/2026 fue emitida el 3 de julio de 2026 por la Supervisión Pedagógica de Secundaria común y rural y está dirigida a los directores de las instituciones educativas de los nodos 1 y 2. A diferencia de la nota de mayo, este documento es una bajada de línea zonal que, según el propio texto, "transmite y unifica" criterios ya fijados por la Dirección Provincial de Educación Secundaria.
En primer lugar, establece que "toda modificación de la presencialidad requiere la disposición previa de la superioridad". Ni los equipos directivos ni la propia Supervisión Pedagógica pueden disponer suspensiones, cambios de horario o pase a modalidad virtual: son "competencia exclusiva" de la Dirección Provincial o la autoridad ministerial.
También fija una secuencia obligatoria -verificación, comunicación, acta, intervención técnica, espera de resolución, notificación oficial y estrategia pedagógica- que debe cumplirse "sin omitir ni adelantar ninguna de las etapas", incluso en emergencias. La nota aclaratoria lo resume así: "La urgencia del caso se resuelve agilizando el flujo de información hacia las autoridades, nunca adelantando la toma de decisiones locales".
El punto 3 de la circular prohíbe "expresamente" que directivos o docentes den declaraciones que "informen, anticipen o interpreten" medidas de suspensión antes de la norma oficial, y fija una única respuesta autorizada ante la prensa: "La situación se encuentra en proceso de relevamiento y cualquier medida será comunicada oficialmente por los canales institucionales". Un guión literal, sin margen de error.
La voz de la oposición
La diputada provincial Natalia Herrera, del bloque Generar, había señalado criterio restrictivo de Educación días antes en una entrevista con el programa El Ágora, de TVEO. Consultada sobre el funcionamiento del sistema educativo, cuestionó una circular del Ministerio que, según sus palabras, "restringe el ingreso de legisladores a las escuelas para realizar tareas de control".
Herrera fue más allá y apuntó directamente contra la conducción de la cartera: "Nosotros necesitamos que la ministra Soria vaya a la Legislatura y responda las preguntas de todos los diputados", reclamó, en referencia a la ausencia de la funcionaria pese a que la Comisión de Educación había solicitado su presencia para abordar el funcionamiento del sistema educativo. En su lugar, señaló, asistieron funcionarios de otras áreas.
La diputada calificó la situación general del sistema en términos contundentes: "La situación en Educación es muy compleja. Y graficó las falencias edilicias con un ejemplo: "Hay jardines que no tienen baños para docentes", razón por la cual “tratan de no tomar agua para no tener ganas”. “Esto es inadmisible”, afirmó Herrera.
Algo que la legisladora dijo no aceptar fue el hecho de que los funcionarios de segunda línea que concurrieron a la Legislatura se excusaron de no tener respuestas a todo, porque recién llevaban “dos meses” en el cargo. “Y en realidad este gobierno está hace 15 años y la educación sigue en crisis", fustigó.