La reducción del empleo registrado en Argentina comenzó a generar un efecto que preocupa a los especialistas en seguridad social. Cada vez hay menos trabajadores que realizan aportes previsionales y, además, quienes salen del sistema suelen pertenecer a categorías salariales más altas, lo que reduce aún más los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones.
El abogado, magíster y especialista en seguridad social Juan Carlos Juárez advirtió en una entrevista radial que el problema ya impacta sobre el financiamiento del sistema y podría profundizarse si continúa creciendo el empleo informal y disminuyendo el trabajo registrado.
Según explicó Juárez, entre febrero de 2024 y febrero de 2026 el empleo registrado cayó en unas 360.000 personas, al pasar de aproximadamente 12,8 millones a 12,5 millones de trabajadores.
Sin embargo, sostuvo que la preocupación no pasa únicamente por la cantidad de aportantes. "No solo se analiza la cantidad, sino también la calidad de los aportes", explicó.
En ese sentido, indicó que buena parte de quienes dejaron de aportar pertenecían a los niveles salariales más altos, por lo que el sistema perdió una parte importante de su recaudación.
A esta situación se suma otro factor que, según el especialista, profundiza el problema. Se trata del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una porción de las contribuciones patronales.
Juárez sostuvo que esta medida representa una pérdida cercana al 11% de los ingresos previsionales, equivalente a unos 3.000 millones de dólares anuales, sin que exista, hasta el momento, una fuente alternativa de financiamiento.
El ajuste ya se refleja en las prestaciones
Para el especialista, la caída de los ingresos no es un problema futuro, sino una situación que ya comenzó a sentirse en distintos aspectos del sistema previsional.
Mencionó como ejemplos la reducción en el pago de sentencias judiciales por reajustes jubilatorios y distintas medidas adoptadas por la ANSES para contener el gasto.
También señaló que el bono que reciben quienes cobran la jubilación mínima perdió gran parte de su poder adquisitivo. "Si ese bono se hubiera actualizado por inflación, hoy debería rondar los 210 mil pesos", afirmó.
Actualmente continúa en 70 mil pesos, cuando al momento de su creación representaba el 53% de una jubilación mínima y hoy apenas equivale al 18%, lo que, según Juárez, refleja el deterioro del ingreso de los jubilados.
El especialista recordó además que el sistema previsional argentino no se financia únicamente con aportes laborales.
"Casi el 45% de cada jubilación se paga con recursos provenientes de impuestos nacionales", explicó, al señalar que esa participación del Estado viene aumentando precisamente por la caída de los aportes del empleo formal.
La informalidad también compromete las jubilaciones del futuro
Juárez sostuvo que uno de los principales desafíos es el crecimiento del empleo informal.
Según explicó, alrededor del 43% de los trabajadores argentinos no está registrado, mientras una proporción similar de la economía funciona fuera del circuito formal.
En ese contexto, advirtió que quienes desarrollan toda su vida laboral sin realizar aportes prácticamente no podrán acceder a una jubilación contributiva. "En este esquema actual solo van a poder acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor", sostuvo.
El especialista también puso el foco en el crecimiento de los trabajadores de plataformas digitales y del monotributo como reemplazo del empleo asalariado tradicional. Explicó que el sistema necesita muchos más aportantes bajo esa modalidad para financiar una jubilación que cuando se trata de trabajadores en relación de dependencia, por lo que la expansión de estas formas de contratación también genera presión sobre las cuentas previsionales.
Menos jubilaciones y más dificultades para acceder al sistema
Otro fenómeno que observó Juárez es la fuerte disminución en la cantidad de nuevas jubilaciones. Según explicó, el principal motivo es el fin de la moratoria previsional, que permitía regularizar años de aportes al momento de iniciar el trámite.
Ahora, quienes no completaron los años exigidos deben cancelar previamente la deuda previsional. Como ejemplo, señaló que una persona que adeude diez años de aportes necesita reunir cerca de 4,8 millones de pesos para regularizar su situación antes de jubilarse.
A esto se suma otro problema que, según el especialista, podría derivar en un incremento de la litigiosidad. Explicó que el cálculo del haber inicial ya incorpora una pérdida cercana al 30%, lo que impulsa cada vez más reclamos judiciales para obtener un reajuste.
Al analizar las posibles soluciones, Juárez consideró que reducir el costo laboral mediante la precarización del empleo no resolverá el problema de fondo.
En cambio, planteó la necesidad de impulsar políticas que fomenten el empleo registrado, amplíen la base de aportantes y establezcan diferencias entre las cargas que afrontan las pequeñas empresas y las grandes compañías.
"El gran ajuste lo están haciendo los trabajadores y los jubilados", concluyó el especialista, quien advirtió que sin un crecimiento sostenido del empleo formal será cada vez más difícil garantizar la sustentabilidad del sistema previsional argentino.
