Un grupo de policías y penitenciarios retirados se convocó en el Parque de los Niños, sobre la Avenida Belgrano, para manifestar su profundo descontento con la política salarial del Ejecutivo provincial. El conflicto se desató tras la firma de un reciente decreto que, al implementar un ítem nivelador no remunerativo para las bases más bajas, provocó el achatamiento de la pirámide salarial. Esta medida generó que siete jerarquías distintas de la fuerza perciban actualmente el mismo haber mensual, eliminando cualquier proporcionalidad por antigüedad o responsabilidad.
Las categorías afectadas por este "congelamiento" e igualación de ingresos abarcan tanto a la escala de suboficiales como de oficiales, incluyendo a agentes, cabos, cabos primeros, sargentos, sargentos primeros, oficiales ayudantes y oficiales subinspectores. Los voceros de la protesta advirtieron que esta situación no solo perjudica el bolsillo de los trabajadores del sector pasivo, sino que además atenta directamente contra la estructura institucional de la fuerza, ya que corta la verticalidad y destruye el incentivo de la carrera policial.
Ante este escenario, los manifestantes presentaron un nuevo petitorio ante la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad para reactivar un reclamo histórico que data de 2024. Los retirados exigen el cumplimiento de la palabra del gobernador para avanzar con el 80% restante de la reestructuración de los puntos jerárquicos, un esquema técnico de escalafón que busca reorganizar las 17 jerarquías existentes. Aclararon que no se trata de un pedido de aumento lineal del 80% en los sueldos, sino de una asignación de puntos que devuelva la equidad a la tabla salarial tras dos años y medio de conflicto.
La concentración en el Parque de los Niños, que contó con el apoyo de efectivos llegados desde distintos puntos del interior provincial, se mantiene bajo la modalidad de asamblea informativa y de apoyo. Tras mantener reuniones con las autoridades ministeriales, los referentes de la fuerza adelantaron que permanecerán en el lugar para consensuar las próximas medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta favorable por parte del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos y del propio gobernador.