Hay algo que se repite cada vez con más frecuencia; personas que publican, acusan, exponen o difunden contenido en redes sociales como si ese espacio fuera una tierra sin ley, como si detrás de una pantalla todo valiera, como si la palabra, cuando se escribe, perdiera peso. Pero no. Las redes sociales no suspenden el derecho, no lo debilitan, no lo vuelven optativo; todo lo contrario, lo amplifican. Porque lo que antes se decía en voz baja hoy se publica, lo que antes quedaba en un círculo reducido hoy se viraliza, y lo que antes podía olvidarse hoy queda registrado.
El fenómeno del “escrache” es un buen ejemplo de esta tensión. Muchas veces nace desde un impulso entendible, la necesidad de denunciar, de visibilizar, de advertir, pero no todo vale en ese camino. Cuando lo que se publica atribuye falsamente un delito estamos frente a una posible calumnia; cuando se afecta el honor puede haber injurias; cuando se intimida y amenaza; y cuando se invade la esfera privada, la intimidad también encuentra protección. No se trata de callar, se trata de comprender que la libertad de expresión no es una licencia para dañar sin consecuencias.
Hay además otra idea que conviene desarmar, la del anonimato o la supuesta imposibilidad de rastrear lo que se publica. Esa sensación de impunidad digital es, en gran medida, una ilusión. Los posteos dejan huella, los dispositivos se identifican y las pruebas, en muchos casos, se reconstruyen con bastante facilidad.
Algo similar ocurre con la difusión de contenido privado. Tener acceso a una imagen íntima no habilita su publicación. El consentimiento para recibir no es consentimiento para compartir; son planos distintos y esa diferencia es clave para entender por qué muchas de estas conductas encuadran hoy dentro de la violencia digital.
Incluso en algo tan cotidiano como una conversación hay matices que importan. No es lo mismo grabar una charla en la que uno participa que acceder a comunicaciones ajenas, y tampoco es lo mismo registrar que difundir. Haber estado en una conversación no implica automáticamente poder hacerla pública.
En definitiva, lo que aparece como espontáneo, inmediato o impulsivo en redes sociales puede tener consecuencias jurídicas muy concretas. Quizás el desafío sea ese, recuperar la conciencia de que del otro lado hay una persona y que detrás de cada publicación también hay responsabilidad. Porque las redes no son un mundo aparte; son, simplemente, una extensión de lo que somos.
Rodrigo Morabito
Juez Penal Juvenil