La cartera de Seguridad de la Nación dio luz verde a un novedoso procedimiento orientado a la identificación anticipada de potenciales episodios de trata de personas en terminales aéreas, dejando sin vigencia el dispositivo que estaba en funcionamiento desde 2018. La disposición se formalizó este lunes a través de la Resolución 468/2026, difundida en el Boletín Oficial, y persigue consolidar las instancias de prevención, localización y pesquisa ante la creciente complejidad de las redes criminales que operan en este flagelo.
El texto oficial detalla que las nuevas disposiciones serán de observancia ineludible para la totalidad de los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y ordena la selección de agentes de referencia especializados en cada dependencia de la fuerza. Asimismo, le encomienda al director nacional de la PSA asegurar estos nombramientos, al tiempo que la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual será la encargada de monitorear, actualizar y divulgar el contenido del protocolo.
Refuerzan los filtros en aeropuertos con un nuevo esquema contra la trata de personas
Fuentes oficiales indicaron que esta modernización responde a la urgencia de adecuar las herramientas de intervención frente a "las nuevas dinámicas" de un ilícito que, según reportes de entidades internacionales, manifiesta estructuras cada vez más sofisticadas y de impacto tanto doméstico como transfronterizo. En este contexto, también se decidió conferir carácter confidencial a los anexos operativos y al listado de los oficiales asignados, con la finalidad de resguardar las pesquisas y prevenir filtraciones que pudieran afectar la seguridad ciudadana.
El documento establece lineamientos de intervención como la premura, la discreción, la tutela integral de las víctimas y la valoración continua del riesgo. Además, señala que los agentes deberán impedir cualquier tipo de revictimización y proteger la identidad de los damnificados durante todo el proceso de asistencia.
Para las situaciones que comprometan a niños, niñas y adolescentes, la resolución ordena que las diligencias se ajusten al interés superior del niño, conforme a la normativa nacional y los pactos internacionales suscriptos. También subraya que el bienestar y la seguridad de las víctimas deben primar en todas las fases del accionar.
La normativa recuerda que la trata de personas abarca actividades como el reclutamiento, el traslado, la recepción o el albergue de individuos con propósitos de explotación, tanto dentro del territorio nacional como hacia el exterior. Entre las formas de explotación enumera la servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación sexual, la elaboración de material de abuso sexual infantil, el matrimonio coactivo y la sustracción ilícita de órganos.
El documento gubernamental también advierte que las bandas delictivas suelen explotar condiciones de vulnerabilidad, como la escasez económica, los procesos migratorios, las discapacidades o el aislamiento comunitario, y destaca que las mujeres, niñas, niños y adolescentes siguen siendo los sectores más vulnerables, particularmente mediante engaños con ofertas laborales falsas, la utilización de vínculos de confianza o el acercamiento a través de redes sociales y plataformas digitales.