El exdiputado nacional José Luis Espert compareció el martes ante el juez federal Lino Mirabelli, en los Tribunales Federales de San Isidro, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos. Durante la audiencia, el economista decidió no responder preguntas y presentó un escrito acompañado de documentación para respaldar su defensa.
Al retirarse del edificio judicial, poco antes del mediodía, Espert realizó una breve declaración ante la prensa: "No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez".
Tras la audiencia, los abogados del exlegislador difundieron un comunicado en el que explicaron que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional.
En ese sentido, señalaron que el objetivo es "reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo" y remarcaron que "no se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".
Como parte de la presentación, la defensa incorporó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019, que según sostuvo, acreditan la existencia y ejecución del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago investigado.
Además, solicitaron que el juez Mirabelli retome de manera personal la conducción de la investigación, actualmente delegada en la Fiscalía Federal.
Qué investiga la Justicia
La causa tiene su origen en una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert el 22 de enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos, operación que, según la investigación, no habría sido declarada ante el fisco argentino.
De acuerdo con el expediente, los fondos fueron enviados por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa vinculada al empresario aeronáutico Fred Machado, quien admitió su responsabilidad por lavado de dinero ante la Justicia de Estados Unidos.
Espert sostuvo públicamente que el dinero correspondía al pago por tareas de asesoramiento para la empresa Minas del Pueblo S.A., radicada en Guatemala. Sin embargo, la Justicia analiza si esos fondos habrían sido utilizados para adquirir vehículos de alta gama y financiar un fideicomiso inmobiliario.
En paralelo, el exdiputado continúa con sus bienes inhibidos por orden judicial, una medida que también alcanza a integrantes de su entorno familiar y a sociedades vinculadas, mientras avanza la investigación.