La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados oficializó la designación de la legisladora libertaria Ana Lía Aguaisol Barbosa como su nueva presidenta. Durante la misma sesión de trabajo, el cuerpo parlamentario resolvió que la secretaría de la comisión quede bajo la responsabilidad de la diputada Rocío Reynoso. Este reordenamiento de autoridades marca el inicio de una nueva etapa de gestión dentro del órgano legislativo, el cual tiene a su cargo el análisis y debate de los proyectos vinculados a la inclusión y el bienestar de los sectores vulnerables.
En el transcurso del encuentro presencial, las diputadas y diputados integrantes definieron los lineamientos y la agenda temática que regirá las próximas reuniones ordinarias. Como parte de las tareas de ordenamiento administrativo indispensables para dinamizar el trabajo de la comisión, los legisladores procedieron a enviar a archivo diversos proyectos de ley pendientes que ya habían perdido estado parlamentario. Este saneamiento de la orden del día busca agilizar el tratamiento de las nuevas propuestas presentadas por los diferentes bloques políticos que componen la cámara baja.
El punto más destacado de la jornada parlamentaria fue la emisión de un despacho favorable para un proyecto de ley presentado por el diputado Nicolás Zavaleta. La iniciativa bajo análisis propone de manera concreta renombrar el actual Certificado Único de Discapacidad (CUD), el cual pasaría a denominarse de forma oficial como Certificado de Acceso Único (CAU). El cambio de nomenclatura planteado por el autor del proyecto busca desplazar los criterios tradicionales de catalogación médica para centrar las políticas públicas en las garantías de los beneficiarios.
La reforma aprobada en comisión tiene como finalidad primordial enfocar la gestión estatal en el acceso efectivo a derechos y prestaciones bajo una perspectiva integral. Los miembros del cuerpo coincidieron en que la transición terminológica hacia el Certificado de Acceso Único (CAU) representa un avance en materia de inclusión social, simplificando conceptualmente el vínculo entre el Estado y los ciudadanos con discapacidad. Con el aval unánime obtenido en esta mesa de trabajo, el proyecto de ley quedó formalmente habilitado para ser debatido próximamente en el recinto de la Cámara de Diputados.