El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.805, que establece un régimen de regularización para la tenencia de armas de fuego no registradas o con irregularidades documentales y amplía la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria. La norma, aprobada semanas atrás por el Congreso de la Nación, ya fue publicada oficialmente y comenzará a regir en todo el territorio argentino.
La legislación habilita a personas físicas y jurídicas que posean armas de uso civil o de uso civil condicional, así como repuestos principales, a presentarse voluntariamente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para iniciar el proceso de regularización.
Plazo de 360 días para realizar el trámite
Según establece la ley, los interesados contarán con un plazo de 360 días desde la entrada en vigencia de la norma para declarar las armas que no estén registradas o cuya situación documental presente irregularidades.
El procedimiento comenzará con la presentación formal ante la ANMAC, organismo que deberá realizar verificaciones técnicas, administrativas y registrales para determinar si el material puede ser incorporado al sistema oficial.
Una vez superadas esas instancias, los datos del arma y de su titular serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos, donde se registra la información vinculada a materiales controlados.
La norma establece que aquellas personas que no posean la condición de legítimo usuario deberán iniciar el trámite correspondiente para obtenerla y gestionar la autorización de tenencia según la categoría del arma declarada.
Además, la ANMAC podrá rechazar la regularización cuando detecte impedimentos técnicos o registrales que imposibiliten la inscripción del material.
Entre las situaciones contempladas figuran la posesión de armas prohibidas, alteraciones en los datos identificatorios o la falta de documentación considerada esencial para el proceso.
Casos que no podrán acceder al beneficio
La ley también señala que la exención de sanciones prevista para el régimen no alcanzará a quienes tengan una causa judicial previa por tenencia ilegal de armas al momento de iniciar el trámite.
En esos casos, la situación deberá resolverse en el ámbito judicial correspondiente.
Asimismo, si durante las verificaciones se detectan irregularidades graves, la ANMAC podrá impulsar acciones para la incautación del arma.
Continúa el programa de entrega voluntaria
Otro de los puntos incluidos en la normativa es la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una herramienta creada para promover la reducción de armas en circulación.
La ley dispone que, antes de finalizar el trámite de regularización, los interesados deberán recibir información sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas y las alternativas disponibles para su entrega voluntaria.
De esta manera, el Gobierno nacional busca avanzar tanto en la registración de armas fuera del sistema oficial como en la continuidad de los programas destinados a disminuir su circulación.