La Justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner a cumplir con las condiciones de su prisión domiciliaria luego de la instalación de una bandera argentina de gran tamaño entre un edificio ubicado frente a su domicilio y el balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple la condena por la causa Vialidad.
El juez del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, sostuvo que la ex presidenta participó en el despliegue de la pancarta. Según la resolución, utilizó su balcón como punto de anclaje para una estructura sostenida con cables tensores.
Advirtieron sobre posibles sanciones
El magistrado intimó a Cristina Kirchner a no realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las reglas fijadas para el arresto domiciliario.
Además, la resolución incluyó una advertencia formal. Si se registran nuevos incumplimientos, la Justicia podría imponer restricciones adicionales o incluso revocar el beneficio.
La ex mandataria cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Entre las condiciones establecidas figura la obligación de no alterar la convivencia en el barrio ni perturbar la tranquilidad de los vecinos.
El tribunal señaló riesgos para la seguridad
En la resolución, el juez indicó que la instalación de la bandera generó riesgos para quienes circulaban por la zona.
Según detalló, la estructura unía dos edificios y atravesaba parte de la calzada y del espacio aéreo. Por ello, consideró que la instalación exponía a vecinos y transeúntes a situaciones de peligro.
Además, sostuvo que una pancarta de esas dimensiones afecta la convivencia pacífica del vecindario y resulta incompatible con las obligaciones impuestas al otorgar la prisión domiciliaria.
También dieron intervención al Gobierno porteño
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para informar sobre la estructura instalada durante la manifestación del 14 de junio.
Ahora, las autoridades porteñas deberán determinar si la colocación de la bandera requería una autorización administrativa y evaluar si existió alguna infracción.