El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas permanentes para optimizar su funcionamiento y agilizar la resolución de causas judiciales.
La iniciativa fue presentada originalmente por los senadores catamarqueños Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, integrantes del bloque Convicción Federal, y posteriormente fue unificada con una propuesta de similar tenor impulsada por la senadora tucumana Beatriz Ávila.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tiene jurisdicción sobre los tres juzgados federales de Tucumán, dos de Santiago del Estero y dos de Catamarca. Además, interviene en causas vinculadas a delitos federales, cuestiones aduaneras, electorales, laborales y de seguridad social.
Según los fundamentos del proyecto, el crecimiento sostenido del volumen de expedientes durante los últimos años generó la necesidad de adecuar la estructura del tribunal. Actualmente, la Cámara funciona con cinco integrantes y las decisiones requieren al menos tres votos para alcanzar la mayoría, una situación que, de acuerdo con los impulsores de la iniciativa, contribuye a extender los plazos de resolución.
La propuesta aprobada contempla la creación de un nuevo cargo de juez de Cámara, elevando la integración a seis miembros para permitir el funcionamiento de dos salas permanentes de tres magistrados cada una. Mientras se concrete esa ampliación, se prevé una implementación progresiva con dos jueces por sala y la intervención de una presidencia común en los casos que requieran desempatar posiciones.
Los autores del proyecto sostienen que la modificación permitirá un abordaje más eficiente de las causas y una mejora en el acceso a la Justicia para los ciudadanos de toda la región, sin generar una erogación significativa para el Estado.
Durante el debate en el recinto, Andrada destacó la importancia de avanzar en medidas que fortalezcan el funcionamiento institucional y permitan brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos que recurren al sistema judicial federal.
Con la media sanción obtenida en la Cámara alta, la iniciativa deberá ahora ser tratada por la Cámara de Diputados de la Nación para convertirse en ley.