El conflicto institucional en Pomán sumó un nuevo capítulo. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría calificada una resolución que dispone presentar una denuncia penal contra el intendente Francisco Gordillo y otros funcionarios municipales por la adquisición del inmueble conocido como "Casa Santa Rita".
La medida también incluye el envío de todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia para que se realice una auditoría integral extraordinaria.
Denuncia
Mediante la Resolución N° 014/2026, el cuerpo facultó a su presidente, Walter Centeno, a radicar una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción en turno.
La presentación también alcanza al secretario de Despacho que firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia cuestionado y al director de Tesorería General, Diego Maciel Quinteros.
Los concejales sostienen que podrían haberse configurado los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Dudas sobre la compra
La controversia gira en torno a la adquisición del inmueble conocido como "Casa Santa Rita".
Según el Concejo, existen contradicciones entre las explicaciones brindadas por el Ejecutivo y los datos consignados en la escritura pública de compraventa.
Los ediles cuestionan especialmente que la operación, valuada en 40 mil dólares, se habría concretado mediante un pago de 59,2 millones de pesos en efectivo.
Auditoría extraordinaria
Además de avanzar con la denuncia penal, los concejales rechazaron la documentación presentada por el Ejecutivo municipal y declararon la ineficacia jurídica del decreto rectificatorio emitido posteriormente.
Asimismo, resolvieron remitir copias certificadas de todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas para solicitar una auditoría integral sobre la Tesorería municipal.
Conflicto en alza
La decisión del cuerpo legislativo se produjo luego de varios pedidos de informes al Ejecutivo y de la comparecencia del intendente Gordillo ante los concejales.
Sin embargo, los ediles consideraron insuficientas las respuestas brindadas y dieron por agotada la vía administrativa interna.
Con esta resolución, el caso pasará ahora al ámbito judicial y a los organismos de control, que deberán analizar las actuaciones impulsadas por el Concejo Deliberante.