El juez penal juvenil Rodrigo Morabito analizó el crimen de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba, un caso que generó conmoción a nivel nacional. En su intervención pública, expresó su profundo impacto por el hecho y advirtió sobre las demoras que pueden presentarse en los mecanismos institucionales de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. “La consternación es de todos, sobre todo cuando se trata de una adolescente con toda una vida por delante”, señaló.
Uno de los ejes centrales de su análisis estuvo puesto en el funcionamiento de la Alerta Sofía y los criterios de activación. Morabito sostuvo que, si bien el sistema establece parámetros legales como el “alto riesgo inminente” y plazos de hasta 72 horas, en la práctica “las horas son cruciales” y cada minuto puede resultar determinante en la búsqueda. “Prefiero que la alerta se active dentro de las 24 horas o menos, antes que tarde”, planteó en diálogo con la prensa local.
El magistrado explicó que muchas veces existen demoras entre la desaparición y la denuncia formal, lo que retrasa la activación de los mecanismos federales de búsqueda. En ese sentido, remarcó que la evaluación del riesgo no puede depender exclusivamente de criterios rígidos de tiempo, ya que cada caso debe analizarse en función del contexto familiar y la vulnerabilidad del menor. “Cuando un niño, niña o adolescente desaparece, ya hay una situación de alto riesgo”, afirmó.
Morabito también destacó la necesidad de revisar prácticas judiciales y fortalecer la capacitación de los operadores del sistema, más allá de las normas vigentes. En paralelo, llamó a mejorar la comunicación institucional y el uso del lenguaje judicial para evitar confusiones en la sociedad. “La justicia debe hablar en un lenguaje claro, porque la gente tiene derecho a entender cómo se actúa”, sostuvo, al tiempo que pidió no revictimizar a las víctimas y reforzar la protección de grupos vulnerables.