La Justicia Federal resolvió suspender parcialmente la aplicación de la Resolución 42/2026 del Gobierno nacional, que establecía el cierre de cientos de servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, tras una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado.
El fallo, firmado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó al organismo abstenerse de ejecutar actos administrativos vinculados con la eliminación, transferencia o modificación de funciones y también prohibió avanzar con movimientos de equipamiento técnico relacionados al proceso de reorganización.
Uno de los puntos centrales de la resolución establece que no podrán concretarse desvinculaciones de trabajadores afectados por la medida. Además, el magistrado dispuso garantizar la continuidad laboral de los empleados, manteniendo categorías, salarios y condiciones vigentes.
La decisión judicial también obliga a preservar programas de asistencia técnica, certificaciones, ensayos y tareas de transferencia tecnológica que se encontraban bajo la órbita estatal del instituto.
Desde ATE celebraron el fallo y consideraron que representa un freno al “desmantelamiento” del organismo. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que la medida constituye “un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
Qué indicaba la resolución
La Resolución 42/2026 había sido publicada en abril y disponía la baja de más de 600 servicios técnicos del INTI, aunque desde sectores sindicales aseguraban que el número total superaba los 900. El Gobierno nacional argumentó que muchos de esos servicios tenían baja demanda o podían ser cubiertos por empresas privadas.
Entre las prestaciones alcanzadas figuraban ensayos microbiológicos para alimentos, análisis de calidad de agua, controles de combustibles, calibración de instrumentos y certificaciones vinculadas a distintas industrias.
Según los fundamentos oficiales, la medida buscaba optimizar recursos estatales y reorientar el funcionamiento del organismo hacia áreas consideradas estratégicas. Sin embargo, trabajadores y especialistas advirtieron sobre el impacto que podría tener en sectores productivos y en tareas técnicas consideradas clave.
