A pocos días de asumir formalmente al frente de Fiscalía de Estado, Nicolás Rosales Matienzo tomó una de sus primeras decisiones de peso institucional: iniciar un sumario administrativo contra dos abogados del organismo tras una polémica actuación judicial vinculada a una causa derivada del escándalo financiero de Adhemar Capital.
La medida alcanzará a Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, quienes representaban al Estado provincial en el expediente contra el abogado Paulo Ibáñez, investigado por presuntas irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria relacionadas con inmuebles adquiridos por Edgar Adhemar Bacchiani.
El conflicto se originó en 2022, luego de que una auditoría interna detectara que no habían sido cargados en el sistema registral cambios de titularidad sobre dos propiedades adquiridas por Bacchiani, en medio del derrumbe del esquema financiero que derivó en múltiples investigaciones judiciales.
A partir de esa situación fueron denunciados penalmente Paulo Ibáñez, entonces responsable del Departamento Folio Real, y dos trabajadoras del área, Norma del Valle Bravo y Andrea Beatriz Pacheco. Según la acusación inicial, Ibáñez habría ordenado omitir la carga de datos para evitar que los inmuebles quedaran expuestos a medidas judiciales.
Sin embargo, tras distintas instancias judiciales, el juez de Control de Garantías Santiago Ahumada Franzini resolvió el sobreseimiento de Ibáñez por falta de elementos para sostener la acusación y mantuvo el proceso únicamente contra las dos empleadas, imputadas por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fiscalía de Estado había apelado aquella resolución, pero el recurso fue rechazado por falta de fundamentos. Posteriormente insistió mediante un recurso de queja que derivó en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones para defender la continuidad de la acusación.
Esa instancia terminó generando un fuerte impacto institucional: los abogados representantes del Estado no asistieron a la audiencia que ellos mismos habían solicitado.
Ante la incomparecencia, el tribunal declaró desistido el recurso, dejando firme el sobreseimiento de Paulo Ibáñez.
La situación derivó ahora en una revisión interna dentro de Fiscalía de Estado, que bajo la conducción de Rosales Matienzo avanzará con un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Al mismo tiempo, el caso podría abrir un nuevo frente judicial para la Provincia. La defensa de Ibáñez confirmó que impulsará una demanda contencioso-administrativa por daños y perjuicios y lucro cesante, al considerar que el abogado fue perjudicado durante cuatro años por una acusación que finalmente no prosperó.
"Me denunciaron para cubrir a otros que cometieron un error. Fui un chivo expiatorio", sostuvo Ibáñez tras quedar definitivamente desvinculado de la causa.