La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió, por mayoría, admitir parcialmente el recurso de casación presentado por la defensa de Sergio Eduardo Coria en una causa por abuso sexual que había derivado en una condena de cinco años de prisión efectiva. La decisión fue adoptada con los votos de las ministras Rita Verónica Saldaño y María Fernanda Rosales Andreotti, mientras que el ministro Néstor Hernán Martel votó por confirmar íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado Correccional de 3° Nominación.
En primera instancia, Coria había sido declarado culpable de cinco hechos de abuso sexual simple en concurso real. La defensa cuestionó la valoración de la prueba, la calificación legal aplicada y el monto de la pena, al sostener que no existían elementos suficientes para sostener todos los hechos atribuidos. A partir de esos planteos, la Sala Penal revisó nuevamente las pruebas, los testimonios y los fundamentos utilizados en la condena original.
Las ministras Saldaño y Rosales Andreotti señalaron que el caso debía analizarse con perspectiva de género, aunque aclararon que ello no podía implicar una flexibilización de los estándares probatorios. En sus fundamentos, diferenciaron situaciones de violencia laboral y hostigamiento en el ámbito de trabajo de la acreditación concreta de delitos sexuales. “Entender la diferencia existente entre casos de acoso laboral y el delito de abuso resulta de cardinal importancia”, sostuvieron las magistradas, quienes además remarcaron que parte de las conductas valoradas en la sentencia original no alcanzaban para acreditar todos los delitos imputados.
Otro de los puntos centrales del fallo estuvo vinculado al análisis de las pericias psicológicas y psiquiátricas incorporadas al expediente. Las juezas indicaron que no surgían elementos concluyentes sobre una “huella psíquica” derivada de los abusos investigados y consideraron que algunas afectaciones detectadas estaban relacionadas con situaciones de acoso laboral. En disidencia, el ministro Martel sostuvo que la condena estaba correctamente fundada y defendió la valoración integral de la prueba, incluidos testimonios, cámaras de seguridad y pericias psicológicas. Para el magistrado, el relato de la denunciante mantuvo coherencia y encontró respaldo en distintos elementos reunidos durante el proceso.