La Casa Blanca informó al Congreso de Estados Unidos que considera finalizadas las hostilidades con Irán. Según la notificación oficial, “las hostilidades han cesado” tras el cese al fuego vigente desde abril.
La comunicación fue enviada por el presidente Donald Trump a los líderes legislativos, entre ellos Mike Johnson y Chuck Grassley. El mensaje se emitió al cumplirse el plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973.
La postura de la administración Trump
En la carta, Trump sostuvo que no se registran enfrentamientos armados desde el 7 de abril de 2026. “Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero han cesado”, afirmó.
El secretario de Defensa Pete Hegseth respaldó esa interpretación ante el Congreso. Señaló que el cese al fuego implica la suspensión del conteo del plazo legal.
La administración sostiene que el conflicto ya no requiere autorización adicional del Legislativo.
Debate por la Ley de Poderes de Guerra
La decisión generó cuestionamientos en el Congreso y en el ámbito jurídico. La Ley de Poderes de Guerra establece que el presidente debe finalizar el uso de fuerzas militares en 60 días sin aprobación legislativa.
Sectores demócratas y expertos legales rechazan la interpretación del Ejecutivo. Argumentan que la norma no contempla una “pausa” por cese al fuego.
El senador Tim Kaine cuestionó la posición oficial y afirmó que la ley no respalda esa lectura. En la misma línea, el senador Richard Blumenthal sostuvo que el conflicto continúa mientras haya bloqueo militar activo.
Postura del Congreso y tensiones políticas
El Congreso no aprobó ninguna extensión ni autorización formal del conflicto. Sin embargo, tampoco impulsó una medida para frenarlo.
Desde el oficialismo republicano, el líder del Senado John Thune descartó una votación inmediata para autorizar el uso de la fuerza.
Algunos legisladores, como Susan Collins, votaron junto a la oposición y advirtieron que el plazo legal no es opcional.
Continuidad del debate sobre el poder presidencial
Trump defendió su decisión al afirmar que otros presidentes tampoco solicitaron autorización en conflictos previos. Además, cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Poderes de Guerra.
Mientras tanto, el Congreso mantiene posturas divididas y crece la discusión sobre los límites del poder ejecutivo en materia militar.
El futuro del conflicto queda ahora atado a la interpretación legal del cese al fuego y a la presión política interna en Estados Unidos.
