El Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, a cargo de Marcelo Sago, inició una investigación jurisdiccional contra el legislador José Javier Galán. La causa, que incluye denuncias por abuso sexual gravemente ultrajante y malversación de fondos públicos, se encuentra en etapa de recolección de pruebas bajo estrictas medidas de protección a la denunciante.
El juez resolvió avocarse al conocimiento de la causa contra el diputado provincial José Javier Galán, tras un requerimiento de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género.
Debido a que el denunciado es un legislador en ejercicio, el proceso se rige por el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, que establece una investigación jurisdiccional sumaria. Este procedimiento busca determinar si existe mérito suficiente para solicitar el desafuero del funcionario, paso indispensable para que pueda ser juzgado formalmente sin vulnerar las inmunidades parlamentarias.
Graves imputaciones y asimetría de poder
La Fiscalía calificó legalmente los hechos, de manera provisoria, como una serie de delitos en concurso real que exponen una marcada asimetría de poder. Según las fuentes judiciales, Galán es investigado por:
- Abuso sexual con acceso carnal agravado: El hecho habría ocurrido en noviembre de 2025, en un contexto donde el legislador habría utilizado su posición de autoridad y promesas laborales para vulnerar la voluntad de la denunciante. La justicia destacó que se trata de una persona en condición de vulnerabilidad, donde el denunciado ejercía un rol jerárquico como jefe político y laboral.
- Peculado de servicios: Se investiga si el diputado obligó a la trabajadora a cumplir tareas en su partido político y en un comercio privado de su propiedad (Corralón "San Javier"), mientras su salario era abonado por la Cámara de Diputados.
- Exacciones ilegales: El legislador habría exigido a la empleada el 50% de sus haberes mensuales, bajo el argumento de que ese dinero "le correspondía" por haberle otorgado el cargo.
Avances en la investigación
En cumplimiento de las normativas internacionales como la Convención de Belém Do Pará y las Reglas de Brasilia, la justicia otorgó a la denunciante el rol de querellante particular, permitiéndole participar activamente en el proceso para garantizar la tutela judicial efectiva.
Asimismo, el tribunal ordenó una serie de medidas urgentes, entre ellas resguardo policial para garantizar la protección física de la denunciante, se dio participación a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad para el acompañamiento integral. Asimismo, se ordenaron inspecciones oculares en los lugares mencionados en la denuncia, pedidos de geolocalización de dispositivos móviles y peritajes psicológicos.