El Juzgado de Control de GarantÃas de Cuarta Nominación, a cargo de Marcelo Sago, inició una investigación jurisdiccional contra el legislador José Javier Galán. La causa, que incluye denuncias por abuso sexual gravemente ultrajante y malversación de fondos públicos, se encuentra en etapa de recolección de pruebas bajo estrictas medidas de protección a la denunciante.
El juez resolvió avocarse al conocimiento de la causa contra el diputado provincial José Javier Galán, tras un requerimiento de la FiscalÃa de Instrucción de Violencia Familiar y de Género.
Debido a que el denunciado es un legislador en ejercicio, el proceso se rige por el artÃculo 20 del Código de Procedimiento Penal, que establece una investigación jurisdiccional sumaria. Este procedimiento busca determinar si existe mérito suficiente para solicitar el desafuero del funcionario, paso indispensable para que pueda ser juzgado formalmente sin vulnerar las inmunidades parlamentarias.
Graves imputaciones y asimetrÃa de poder
La FiscalÃa calificó legalmente los hechos, de manera provisoria, como una serie de delitos en concurso real que exponen una marcada asimetrÃa de poder. Según las fuentes judiciales, Galán es investigado por:
- Abuso sexual con acceso carnal agravado: El hecho habrÃa ocurrido en noviembre de 2025, en un contexto donde el legislador habrÃa utilizado su posición de autoridad y promesas laborales para vulnerar la voluntad de la denunciante. La justicia destacó que se trata de una persona en condición de vulnerabilidad, donde el denunciado ejercÃa un rol jerárquico como jefe polÃtico y laboral.
- Peculado de servicios: Se investiga si el diputado obligó a la trabajadora a cumplir tareas en su partido polÃtico y en un comercio privado de su propiedad (Corralón "San Javier"), mientras su salario era abonado por la Cámara de Diputados.
- Exacciones ilegales: El legislador habrÃa exigido a la empleada el 50% de sus haberes mensuales, bajo el argumento de que ese dinero "le correspondÃa" por haberle otorgado el cargo.
Avances en la investigación
En cumplimiento de las normativas internacionales como la Convención de Belém Do Pará y las Reglas de Brasilia, la justicia otorgó a la denunciante el rol de querellante particular, permitiéndole participar activamente en el proceso para garantizar la tutela judicial efectiva.
Asimismo, el tribunal ordenó una serie de medidas urgentes, entre ellas resguardo policial para garantizar la protección fÃsica de la denunciante, se dio participación a la SecretarÃa de la Mujer, Género y Diversidad para el acompañamiento integral. Asimismo, se ordenaron inspecciones oculares en los lugares mencionados en la denuncia, pedidos de geolocalización de dispositivos móviles y peritajes psicológicos.
