El Ministerio de Salud de la Nación Argentina actualizó las normas que regulan el Sistema Nacional de Sangre y estableció cambios clave en el proceso de donación y transfusión, con el objetivo de mejorar la seguridad y modernizar el funcionamiento de los servicios en todo el país. La medida, que entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, reemplaza el modelo de donación por reposición por un esquema 100% voluntario y habitual.
Según se informó, a partir de esta actualización ya no se podrá exigir a pacientes o familiares la presentación de donantes como condición para recibir atención médica o someterse a una cirugía. Las donaciones dirigidas a un paciente específico solo serán permitidas en casos con justificación terapéutica.
El nuevo marco también modifica los criterios de selección de donantes, eliminando restricciones consideradas obsoletas o discriminatorias. En adelante, la evaluación se centrará en conductas de riesgo y evidencia científica, en lugar de excluir grupos poblacionales completos. Además, se elimina el ayuno previo y se recomienda una adecuada hidratación antes de la extracción.
En relación a los tiempos de espera, la normativa fija un diferimiento de seis meses para personas que hayan tenido determinadas prácticas o situaciones de riesgo recientes, como nuevas parejas sexuales, procedimientos invasivos o permanencia en instituciones penales.
Otro de los ejes de la medida es la implementación de un modelo de red integrada de sangre, que apunta a mejorar la coordinación, trazabilidad y eficiencia del sistema. Para ello, se fortalecerán los centros regionales de hemoterapia y se prevé la desactivación progresiva de bancos de sangre intrahospitalarios.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de informatizar los registros en todos los servicios, garantizando el seguimiento de cada etapa del proceso, desde la donación hasta la transfusión. También se incorporan nuevas regulaciones para terapias celulares y componentes especiales como el plasma rico en plaquetas y el suero autólogo oftalmológico.
Las instituciones del sistema tendrán un plazo de hasta dos años para adecuarse a los cambios tecnológicos y estructurales previstos por la nueva normativa.