El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de intimar a rectores de todo el país para garantizar el dictado de clases y presentar planes de contingencia frente a las medidas de fuerza docentes.
La situación ya había sido anticipada días atrás por el rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano, en declaraciones al programa El Ágora, donde advirtió sobre el endurecimiento de la postura oficial frente al sistema universitario. Ahora, el vicerrector de la casa de estudios, ingeniero agrimensor Carlos Humberto Savio, profundizó el análisis y cuestionó duramente la medida.
Savio sostuvo que la intimación representa “una presión más a las instituciones públicas universitarias” y aseguró que responde a una estrategia del Ejecutivo nacional para evitar cumplir con la ley de financiamiento universitario.
“Nación hizo con las universidades una nota considerada como una presión más a las instituciones públicas universitarias como para buscar fundamentos y no aplicar la ley de financiamiento universitario”, afirmó.
El vicerrector consideró además que la decisión oficial se produce en un contexto político particular, en vísperas de nuevas movilizaciones nacionales en defensa de la universidad pública. “Están buscando fundamentos y esto es una forma de chicanear a las instituciones para la no aplicabilidad de la ley”, expresó en referencia a la convocatoria universitaria prevista para el 12 de mayo.
Desde la conducción universitaria catamarqueña remarcaron que el verdadero problema radica en los recortes presupuestarios, el congelamiento salarial y la falta de actualización de partidas destinadas a funcionamiento, investigación, becas y tecnología. “Los que no están garantizando el sistema universitario son ellos, que no envían los fondos necesarios”, señaló Savio.
Financiamiento universitario y tensión creciente
El conflicto universitario se mantiene desde 2024, cuando el Gobierno nacional prorrogó el presupuesto sin actualizar partidas frente a la inflación, generando una fuerte pérdida de recursos para las universidades nacionales.
Según explicó Savio, “el Estado nacional aplicó unilateralmente recortes a presupuestos universitarios y salarios docentes y no docentes, sin diálogo con las instituciones”.
En ese marco, la intimación para garantizar clases es interpretada por las autoridades universitarias como un intento de trasladar la responsabilidad política del conflicto hacia las casas de altos estudios.
Desde la UNCA ratificaron que continuarán participando de las acciones nacionales en defensa del sistema universitario público, mientras buscan nuevas modalidades de protesta que permitan visibilizar el conflicto sin afectar exclusivamente el dictado de clases.
Savio recordó que recientemente se realizaron jornadas de universidades abiertas durante 24 horas para demostrar el funcionamiento del sistema educativo superior. “La universidad sí trabaja, sí enseña, sí investiga y sí hace extensión”, enfatizó.