La situación judicial del diputado provincial Javier Galán suma un nuevo capÃtulo y se torna cada vez más compleja. Sobre el final de esta jornada, se confirmó la presentación formal de una tercera denuncia por abuso sexual, que se agrega a las dos ya radicadas dÃas atrás.
Hasta el momento, se pudo conocer que la acusación se centra en situaciones de acoso ocurridas en su sede partidaria y en mensajes con propuestas de contenido sexual a cambio de dinero. Como ya habÃa sido anticipado, la abogada Silvia Barrientos asesora a la vÃctima, al igual que en las dos anteriores acusaciones que recibió el legislador.
La acusación
La denunciante señaló que conoció a Galán en 2025, cuando era candidatoa diputado por el MID y buscaba gente para ayudarlo a fiscalizar en las elecciones y trabajar con él. Ella se unió junto a amigas y llegó a realizar varias actividades en la sede de avenida Güemes.
De acuerdo a la acusación, el conflicto se inició cuando el diputado comenzó a cambiar su actitud con ella. Según su relato, hubo contacto fÃsico que en un principio parecÃa inocente y que luego fue escalando hasta situaciones que, según la denuncia, podrÃan encuadrarse como abuso sexual simple. Además, en un contexto de necesidad económica, la joven le habrÃa consultado si podÃa ayudarla a pagar un curso, a lo que él habrÃa respondido con una propuesta de Ãndole sexual a cambio del dinero.
Las primeras denuncias habÃan sido impulsadas por mujeres que señalaron hechos de presunto abuso, con intervención de la FiscalÃa de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Alejandra Antonino. En ese marco, ya se habÃan ordenado medidas iniciales de investigación, incluyendo la recolección de pruebas y testimonios.
Un dato que se repite en los tres casos es que las denunciantes comenzaron a vincularse con el diputado a partir de actividades o colaboraciones en su sede partidaria.
Uno de los puntos centrales del caso es que Galán cuenta con fueros parlamentarios, lo que implica que, para avanzar hacia una eventual imputación formal o medidas restrictivas, la Justicia deberÃa requerir su desafuero ante la Cámara de Diputados de la provincia.
En paralelo, el propio legislador salió públicamente a rechazar las acusaciones, asegurando que se trata de una maniobra polÃtica en su contra. Según sostuvo, se encuentra a disposición de la Justicia para esclarecer los hechos y cuestionó la difusión mediática del caso.
Las acusaciones se encuentran en una etapa inicial de investigación y, hasta el momento, no hay imputación formal.
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