Un proyecto de ordenanza ingresó al Concejo Deliberante de la Capital con el objetivo de poner un freno a las conductas riesgosas protagonizadas por grupos de motociclistas en la vía pública, una problemática cada vez más visible en distintos puntos de San Fernando del Valle de Catamarca.
La iniciativa, presentada por la concejal Leticia Romero, propone la creación de un régimen municipal específico para prevenir, intervenir y abordar este tipo de prácticas, que suelen incluir maniobras imprudentes, exceso de velocidad, ruidos molestos y ocupación indebida de la calzada.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de una nueva figura: la Conducción Colectiva de Riesgo Vial (CCRV). Esta categoría busca contemplar situaciones en las que dos o más motovehículos circulan de manera coordinada generando alteraciones en el tránsito o poniendo en peligro la seguridad vial.
En este marco, el alcance de la iniciativa no se limita a motociclistas que realizan maniobras peligrosas, sino que también podría abarcar caravanas de distinto tipo —deportivas, políticas o celebraciones— cuando impliquen alteraciones al tránsito o riesgos para terceros, salvo que cuenten con autorización municipal.
A diferencia de lo que ocurre actualmente, donde las infracciones se analizan de manera individual, la propuesta introduce un enfoque colectivo que permite agravar las sanciones cuando estas conductas se realizan en grupo. En ese sentido, no se crean nuevas faltas, sino que se establece un complemento al Código de Faltas vigente para abordar una dinámica que hasta ahora quedaba parcialmente encuadrada.
El proyecto también habilita a la autoridad de aplicación —la Secretaría de Protección Ciudadana— a intervenir con acciones de prevención, control y dispersión, priorizando la integridad de las personas. Además, prevé la utilización de actas, sistemas de monitoreo y registros de dominio para identificar a los infractores, incluso cuando no sea posible hacerlo en el momento.
Otro punto relevante es la creación de un registro específico en el ámbito del Juzgado de Faltas, donde se incorporarán los casos vinculados a estas conductas, permitiendo detectar reincidencias y aplicar criterios más estrictos.
En paralelo, la iniciativa contempla un enfoque formativo: establece la implementación de un Programa Municipal de Formación en Seguridad Vial y Conducción Responsable, que será obligatorio para quienes participen en estas prácticas o acumulen faltas graves. El objetivo es generar instancias de concientización y corrección de conductas, abordando desde las consecuencias legales hasta el impacto social de este tipo de acciones.
Finalmente, el proyecto aclara que quedarán exceptuadas aquellas actividades que cuenten con autorización municipal previa y se desarrollen bajo condiciones de seguridad y control.
