La reforma laboral volvió a entrar en vigencia tras una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la cautelar presentada por la CGT. De esta manera, ya rigen los cambios aprobados por el Congreso, que impactan en aspectos centrales como vacaciones, indemnizaciones y organización de la jornada laboral.
Banco de horas y jornada
Uno de los ejes es la implementación del banco de horas, que permite acordar por escrito entre empleador y trabajador la compensación de horas extra mediante francos o redistribución de la jornada.
El sistema habilita jornadas más largas en determinados días y más cortas en otros, siempre respetando los límites legales y un descanso mínimo de 12 horas. Estos acuerdos pueden incluir participación sindical.
Vacaciones más flexibles
En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período tradicional entre octubre y abril, aunque ahora se habilita acordar fechas fuera de ese rango.
Además, se podrán fraccionar en períodos de al menos siete días, y las empresas deberán garantizar que cada trabajador acceda a vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.
Cambios en indemnizaciones
La reforma redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa, que ahora se basará únicamente en la remuneración mensual habitual.
Quedan excluidos conceptos como el aguinaldo o las vacaciones. También se establece que esta compensación será la única aplicable y se actualizará por IPC más un 3% anual.
A su vez, se incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por aportes patronales, y se habilita la creación de fondos de cese laboral por convenio, que podrían reemplazar la indemnización tradicional.
Otros cambios clave
La normativa también introduce modificaciones relevantes:
- Período de prueba: se extiende a seis meses (hasta ocho en empresas pequeñas).
- Trabajo no registrado: se eliminan multas y se promueve la regularización.
- Registro laboral: será digital y obligatorio ante ARCA.
- Pago de salarios: deberá realizarse por vía bancaria.
- Sentencias laborales: podrán pagarse en cuotas, según el tamaño de la empresa.
Con estos cambios, el Gobierno apunta a reducir costos laborales, flexibilizar la organización del trabajo y modernizar el sistema, en un escenario que ya genera debate entre sindicatos y sectores empresarios.