La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) presentó cuatro nuevas denuncias penales ante Fiscalía General tras detectar irregularidades en el uso de prestaciones y medicamentos, en el marco de los controles que viene implementando sobre el sistema.
Las actuaciones se suman a otras nueve denuncias radicadas el mes pasado por situaciones similares, en una línea de investigación que apunta tanto a posibles maniobras indebidas en el uso de coberturas como a la utilización fraudulenta de documentación médica.
Alertas desde la app
Dos de los casos surgieron a partir de advertencias realizadas por los propios afiliados a través de la aplicación OSEP Móvil Catamarca, que permite consultar el historial de medicamentos y prestaciones.
En uno de los hechos, una afiliada detectó la compra de fármacos a su nombre que no había solicitado ni recibido. En otro caso, un beneficiario advirtió el registro de medicamentos vinculados a patologías que no padece, lo que encendió alertas por un posible uso indebido de su número de afiliado.
Desde la obra social destacaron que esta herramienta permite un control temprano por parte de los usuarios y facilita la detección de inconsistencias en el sistema.
Denuncias por falsificación
Además, el área legal avanzó con otras dos denuncias dirigidas contra afiliados por presuntas maniobras fraudulentas.
Uno de los casos involucra a una persona acusada de falsificar la firma y el sello de un médico para obtener recetas de insulina. Según se indicó, el paciente contaba con stock suficiente, pero habría continuado retirando el medicamento mediante documentación apócrifa.
El otro hecho refiere a una afiliada que habría alterado fechas y resultados de estudios bioquímicos, además de fichas médicas, con el objetivo de acceder de manera irregular al Plan de Diabetes.
Controles y advertencias
Desde OSEP señalaron que estas acciones forman parte de una política de control y auditoría que busca resguardar los recursos del sistema y garantizar la transparencia en las prestaciones.
En ese sentido, remarcaron que el funcionamiento de la obra social depende del uso responsable por parte de todos los actores y advirtieron que continuarán las auditorías técnicas y legales para detectar y sancionar irregularidades.
Las denuncias quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar en la investigación de cada caso.
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