Actualidad

El Gobierno autorizó el uso tecnología para bloquear celulares en prisiones federales

La medida busca evitar que internos coordinen delitos desde las cárceles mediante el uso de teléfonos móviles.

El Gobierno nacional formalizó una nueva medida de seguridad en el sistema penitenciario federal al autorizar la instalación de tecnología destinada a detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de las cárceles. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de códigos IMEI e IMSI, con el objetivo de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en el interior de los establecimientos carcelarios.

Control tecnológico para evitar delitos intramuros

La medida responde a la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad y evitar que personas privadas de la libertad utilicen celulares para coordinar actividades delictivas desde el interior de las unidades penitenciarias.

Según se detalla en la resolución, el uso de estos dispositivos representa un riesgo para la seguridad pública, ya que puede facilitar la planificación de maniobras ilícitas por parte de organizaciones criminales con integrantes detenidos.

Las áreas técnicas tendrán que gestionar la adquisición, instalación y mantenimiento de la tecnología necesaria, con la premisa de que su funcionamiento no afecte las comunicaciones en zonas externas a los penales.

Cómo funcionará el sistema de bloqueo

El sistema operará mediante equipos fijos capaces de identificar celulares activos dentro de zonas restringidas. Una vez detectados, se generará un reporte con los códigos IMEI (identificación del dispositivo) e IMSI (identificación del usuario), que será remitido a las empresas de telecomunicaciones para su bloqueo.

Las compañías deberán ejecutar la inhabilitación de los equipos en un plazo máximo de 48 horas y confirmar la operación a las autoridades penitenciarias.

Además, se prevé la creación de espacios seguros fuera de las zonas restringidas para el resguardo de dispositivos móviles de funcionarios, magistrados, abogados y otros actores autorizados que deban ingresar a los establecimientos.

Marco legal y vigencia

La resolución se fundamenta en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que garantiza el derecho a la comunicación de los internos, pero prohíbe expresamente el uso de telefonía móvil dentro de los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se apoya en normativas previas que autorizan el uso de inhibidores de señal en contextos de seguridad pública.

La medida entró en vigencia este lunes 20 de abril tras ser publicada en el Boletín Oficial.