La Justicia de La Rioja dictó una sentencia que podría marcar un antes y un después en causas vinculadas al hostigamiento digital y el uso indebido de redes sociales. Una mujer fue condenada a indemnizar a su expareja, un agente de la policía provincial, por llevar adelante una campaña de desprestigio y realizar una denuncia por violencia de género que fue descartada por la Justicia.
El fallo surge tras una causa que se inició en 2020, luego de la separación de la pareja. Según explicó el abogado del demandante, Pablo Arrieta, la mujer publicó de manera reiterada acusaciones en redes sociales que señalaban al policía como estafador, deudor y portador de una enfermedad de transmisión sexual, con el objetivo de afectar su reputación personal y profesional.
Las consecuencias no fueron menores. Las publicaciones derivaron en un sumario administrativo dentro de la fuerza, lo que provocó que el oficial viera bloqueado su ascenso durante tres años consecutivos, además de poner en riesgo su estabilidad laboral. “No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia”, sostuvo el letrado.
A ese escenario se sumó una denuncia por violencia de género que, tras la investigación judicial, fue desestimada. “Se comprobó que era falsa y las actuaciones fueron archivadas”, indicó Arrieta, quien además advirtió sobre la necesidad de actuar con criterio en este tipo de casos, dado el impacto que pueden tener en personas inocentes.
Qué establece la sentencia
El fallo civil impuso una serie de medidas que buscan reparar el daño causado. En primer lugar, la mujer deberá abonar una indemnización cercana a los 4 millones de pesos, monto que será actualizado a valores actuales, lo que incrementará de manera significativa la suma final a pagar.
Además, en uno de los aspectos más novedosos, la Justicia le ordenó publicar la sentencia en los mismos espacios digitales donde realizó los escraches, con el objetivo de que la reparación tenga el mismo alcance público que el daño ocasionado.
Por último, el fallo establece que, en caso de incumplimiento, se habilitará un proceso de ejecución que permitirá embargar bienes y garantizar el cobro de la indemnización, evitando que la condena quede sin efecto.
Un fallo que abre debate
La sentencia pone en discusión el alcance de la libertad de expresión en redes sociales y deja en claro que difundir información falsa con intención de dañar puede tener consecuencias legales concretas.
El caso también reaviva el debate sobre el uso de denuncias en contextos de violencia de género, en un escenario donde conviven la necesidad de proteger a las víctimas reales con la obligación de evitar abusos del sistema.
Para el policía afectado, la resolución representa una reparación luego de años de perjuicio profesional. Para la Justicia riojana, un mensaje claro: el daño causado en el entorno digital tiene el mismo peso que el producido fuera de las pantallas.