La investigación que sacude a la dirigencia del fútbol argentino sumó un dato clave con impacto local: el juez que deberá resolver los pedidos del fiscal es el catamarqueño Guillermo Díaz Martínez, debido a que Sebastián Argibay se encuentra de licencia.
El expediente, impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero, incluye un pedido de detención para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.
Según el dictamen, de más de 180 páginas, los acusados habrían utilizado empresas vinculadas a Toviggino como “fachada” para ejecutar maniobras con fondos de la AFA, mediante facturación de servicios que no se habrían prestado.
La investigación sostiene que se transfirieron más de $3.600 millones a distintas firmas integradas por personas del entorno del tesorero, en lo que el fiscal describe como una “estructura organizada y coordinada” que habría operado durante varios años.
En ese esquema, también se menciona la posible utilización de testaferros para la adquisición de bienes, entre ellos propiedades y activos financieros, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos.
El rol clave del juez catamarqueño
Ahora, todas las miradas están puestas en Díaz Martínez, quien deberá evaluar los pedidos de detención de 24 imputados, las medidas de prueba, como allanamientos y peritajes, además de la eventual inhibición de bienes.
El fiscal justificó las detenciones en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de remarcar que los delitos imputados contemplan penas de cumplimiento efectivo.
Una causa con derivaciones abiertas
El expediente en Santiago del Estero se suma a otra investigación en trámite en la provincia de Buenos Aires, lo que abre un escenario judicial complejo sobre la conducción de la AFA.