La cooperativa láctea SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia en las últimas horas, en un intento por dar cierre a un proceso de crisis que se profundizó en los últimos años. La presentación fue realizada en la ciudad de Rafaela, donde tramita su concurso, y marca un punto de inflexión para una de las empresas más emblemáticas del sector en el país.
La decisión fue adoptada luego de que la firma considerara inviable continuar con el concurso preventivo iniciado en febrero de 2025, al no lograr recomponer su actividad ni generar ingresos suficientes para sostener su estructura. Entre los factores señalados se encuentran la falta de acceso al crédito, la ausencia de capital de trabajo y el incremento de deudas salariales, fiscales y comerciales.
Según trascendió, la empresa enfrenta un pasivo cercano a los 120 millones de dólares, con más de 1500 acreedores verificados. A esto se suma la presión de reclamos judiciales y la imposibilidad de presentar una propuesta de pago que resulte viable.
El deterioro de la cooperativa
El deterioro se arrastra desde hace varios años. En ese período, la firma redujo drásticamente su producción, pasando de procesar millones de litros diarios a menos de medio millón, vendió plantas y marcas, y perdió participación en el mercado.
La situación también impacta de lleno en el plano laboral. De acuerdo a fuentes del sector, la empresa cuenta con alrededor de 850 empleados, muchos de los cuales mantienen reclamos por salarios impagos y otras obligaciones. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), indicaron que la compañía atraviesa un estado de “cesación de pagos e insolvencia patrimonial”.
El gremio había solicitado previamente la quiebra con continuidad de explotación y, tras la presentación de la empresa, señaló que el proceso podría abrir una nueva etapa para la marca. En ese sentido, no se descarta el interés de otros actores en adquirir activos de la cooperativa una vez que avance el proceso judicial.
En paralelo, se espera la convocatoria a una asamblea de socios para ratificar la decisión adoptada por la conducción de la firma. La resolución final quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá definir los pasos a seguir en un caso que refleja la compleja situación que atraviesa la industria láctea en el país.
