El Gobierno nacional se prepara para un escenario complejo tras el fallo que ratifica la Ley de Financiamiento Universitario, que lo obliga a destinar alrededor de $2,5 billones al sistema.
En la Casa Rosada reconocen que la situación es crítica. “Hoy no vamos a pagar porque no tenemos la plata”, admitió una fuente oficial, en referencia al impacto fiscal que implicaría cumplir con la norma.
Impacto fiscal y riesgo de déficit
El Ejecutivo apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, aunque considera poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo. De no prosperar ese recurso, deberá comenzar a transferir fondos de manera inmediata.
Según estimaciones oficiales, la aplicación de la ley tendrá un fuerte impacto en las cuentas públicas. En el Gobierno advierten que este escenario podría implicar el regreso del déficit fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica actual.
Mientras tanto, se analizan alternativas para afrontar los pagos, incluso con un esquema dosificado, ante la falta de liquidez inmediata.
Reclamos del sector universitario
Desde el ámbito universitario, sostienen que, sin una suspensión judicial, el Ejecutivo debe cumplir con la ley desde el primer día. Además, reclaman la reapertura de paritarias y una actualización de los salarios acorde a la inflación.
Un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierte que las transferencias a universidades registran una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios acumulan una pérdida significativa frente a la inflación.
Salarios y presupuesto en debate
El mismo informe señala que los salarios universitarios acumulan una fuerte pérdida frente a la inflación.
En paralelo, el Gobierno impulsa un nuevo esquema presupuestario que reduce el impacto previsto para 2026, aunque desde el sector cuestionan que no contempla la recomposición de años anteriores.
Un conflicto que escala
El escenario mantiene en tensión al Ejecutivo y a las universidades, con posibles medidas de fuerza en agenda.
El conflicto suma presión política y económica, en un contexto donde el financiamiento educativo vuelve al centro del debate público.
