El juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó a las máximas autoridades de la AFA, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, por retención indebida de aportes, al considerar que la entidad contaba con capacidad económica suficiente para cumplir con sus obligaciones fiscales.
En una resolución de 140 páginas, el magistrado concluyó que la Asociación del Fútbol Argentino utilizó los planes de facilidades de pago como un “mecanismo de refinanciamiento”, con el objetivo de postergar el pago de tributos y disponer de esos fondos.
Millonarios movimientos y fondos disponibles
El fallo detalla un intenso movimiento financiero, con transferencias entre cuentas propias, ingresos del exterior, operaciones con dólar MEP y créditos millonarios.
Solo en mayo de 2024, la AFA registró operaciones por más de $12.374 millones, mientras que en distintos períodos se detectaron ingresos de cientos de millones provenientes de la comercialización de activos en el exterior.
Según la Justicia, estos movimientos evidencian una “holgada liquidez” que contradice cualquier imposibilidad de pago.
Ingresos por sponsors y pagos a clubes
La investigación también expone ingresos millonarios por acuerdos comerciales:
- Disney aportó más de $25.831 millones
- Adidas transfirió unos $14.035 millones
- YPF giró más de $2.345 millones
En paralelo, la AFA realizó importantes transferencias a clubes, incluyendo $1.000 millones a equipos de Primera División y montos menores a instituciones del ascenso.
Plazos fijos y ganancias
El análisis judicial reveló además que la AFA mantenía $31.999 millones en plazos fijos en pesos y USD 7,4 millones en dólares, generando intereses millonarios.
En algunos casos, esos intereses superaban las deudas con el fisco, lo que reforzó la hipótesis de que la entidad podía cumplir con sus obligaciones sin recurrir a refinanciaciones.
Los delitos y el futuro de la causa
A Tapia, Toviggino y otros dirigentes se les atribuyen los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y reiterada, en concurso con apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Las defensas ya anticiparon que apelarán el fallo ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
