Una alerta de máxima gravedad se encendió en las últimas horas tras detectarse un ataque masivo contra la infraestructura digital de la Argentina, con 28 filtraciones de datos publicadas de manera simultánea. La operación fue atribuida al grupo de amenazas CHRONUSTEAM, que habrÃa logrado vulnerar sistemas crÃticos en distintos niveles del Estado, afectando tanto a organismos nacionales como provinciales. El episodio, dado a conocer el 30 de marzo de 2026, es calificado por especialistas como un evento de escala sin precedentes.
El impacto alcanza el núcleo de la administración pública y el sistema financiero. Entre las instituciones comprometidas se encuentra el Banco Central de la República Argentina, pieza clave de la estabilidad económica, asà como la Jefatura de Gabinete de Ministros, que concentra funciones estratégicas del Poder Ejecutivo. También se reportaron accesos indebidos en los ministerios de Educación, Salud y Seguridad, además de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde la filtración expone datos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. En el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires también habrÃa sido alcanzada.
El alcance del ataque se extiende a las fuerzas de seguridad, donde múltiples bases de datos policiales provinciales fueron comprometidas. Entre las jurisdicciones afectadas se encuentran Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Entre RÃos y Salta. La filtración de esta información representa un riesgo concreto para la seguridad pública, al potencialmente exponer identidades, investigaciones en curso y estructuras operativas sensibles.
En paralelo, el sistema de salud y el ámbito educativo registran filtraciones de gran magnitud. Ministerios de Salud de distintas provincias, junto a organismos como OSEP e IOMA, habrÃan sufrido accesos ilegÃtimos a datos sensibles de pacientes. En educación, las brechas alcanzan a varias carteras provinciales y a la Encuesta Nacional del Personal Educativo (ReNPE), mientras que la Dirección General de Escuelas reportó la exposición de 200.000 registros. La magnitud del incidente plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.
