Tras el reciente tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, se reactivó el debate a nivel nacional sobre la protección de los glaciares y el alcance de las competencias federales y provinciales en materia ambiental. Desde el Gobierno de Catamarca señalaron la importancia de que las provincias puedan participar activamente en las decisiones vinculadas a la gestión de los recursos naturales en sus territorios.
La normativa vigente no solo protege a los glaciares, sino también al ambiente periglacial, zonas de alta montaña donde el suelo permanece congelado o presenta hielo subterráneo durante gran parte del año. Estas áreas cumplen una función estratégica como reguladoras naturales del agua, ya que almacenan y liberan recursos hÃdricos que abastecen cuencas y poblaciones, especialmente en perÃodos de sequÃa. Actualmente, los criterios para identificar y delimitar estos espacios se establecen principalmente a nivel nacional a través de organismos técnicos encargados del Inventario Nacional de Glaciares.
El proyecto de modificación propone actualizar los criterios técnicos para delimitar con mayor precisión qué sectores cumplen una función hÃdrica estratégica y cómo deben evaluarse las actividades que se desarrollen en ellos. En ese marco, la iniciativa también plantea fortalecer el rol de las jurisdicciones provinciales, permitiendo que cada provincia pueda aportar estudios cientÃficos y conocimiento territorial para determinar qué áreas deben ser protegidas dentro de su territorio.
Desde el Ministerio de Agua, EnergÃa y Medio Ambiente de Catamarca indicaron que esta actualización normativa se vincula con lo establecido en el artÃculo 124 de la Constitución Nacional Argentina, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa no elimina la protección de los glaciares, que continúan siendo áreas estrictamente resguardadas, y reafirmaron el compromiso provincial con la protección del agua como bien común estratégico, la gestión ambiental responsable y el desarrollo sostenible.
